La Asociación: Ideario APM
 

La Asociación Profesional de la Magistratura (A.P.M.) es una organización judicial, miembro en España de la Unión Internacional de Magistrados con sede en Roma, constituida al amparo del art. 127 de la Constitución Española y 401 de la L.O.P.J. En la actualidad está integrada por más de 1.000 Jueces y Magistrados, la cuarta parte de la Carrera Judicial, en la defensa de sus intereses profesionales y la realización de actividades encaminadas al servicio de la Justicia en general, al margen de cualquier vinculación con partidos o ideologías políticas. El núcleo básico de su idearlo, en lo que se refiere a la figura del Juez y su significado dentro del Estado de Derecho, es el siguiente: (Conclusiones del VII Congreso Nacional celebrado en la Manga del Mar Menor, Murcia, en Marzo de 1989).

Legitimación del Juez

La legitimación democrática de los jueces se produce porque la Soberanía Popular, a través de la Constitución, ha depositado su confianza en un poder judicial profesional y en una justicia técnica no supeditada al Sufragio Universal.

Independencia judicial

Se configura como una garantía del ciudadano y no como un privilegio del juez. La independencia es un postulado constitucional (Art. 117.1), que todos los poderes públicos se encuentran obligados a respetar y el Consejo General del Poder Judicial a garantizar. No es un sentimiento subjetivo del juez, sino consecuencia de condiciones externas y objetivas.

Requisitos de esta independencia

El postulado de la independencia judicial exige, en primer lugar, que deba preservarse el juez de cualquier intromisión en el momento final de su decisión, que constituye el núcleo de la institución. Sin embargo, la independencia se desvirtúa si se reduce a este momento último, porque el despliegue efectivo del núcleo está determinado por las condiciones objetivas que constituyen su entorno. Así, en el proyecto de módulos mínimos de independencia judicial (Berlín, 1980), antecedente de la Declaración Universal sobre la independencia de la Justicia (Montreal, 1983) se exigen entre otros requisitos, para salvaguardar la independencia judicial, la prohibición de nombramiento de jueces temporales (punto 2,20) y la de modificación unilateral de la edad de jubilación de los jueces en activo (punto 2.22) y se establece la necesidad de promulgar cuantas disposiciones sean necesarias para que la administración de los tribunales corresponda de modo efectivo al poder judicial (punto 2.40). Declaraciones concordantes con los principios básicos relativos a la independencia de la Judicatura contenidos en las resoluciones de la Asamblea de las Naciones Unidas (40 / 32 de 29 de noviembre y 401146 de 13 de diciembre, ambas de 1985. Estas y otras exigencias mínimas no han sido recogidas en la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que impone su urgente revisión. Y tampoco la errática política del Consejo General del Poder Judicial ha contribuido a que este principio de independencia se plasme en la realidad diaria.
Una garantía más de esta independencia constituiría la designación de diversos miembros del Consejo General del Poder Judicial por jueces y magistrados: Tenemos que reiterar la necesidad de esta forma de selección. El propio Tribunal Constitucional en su sentencia núm. 108/1986, de 29 de junio, se vio obligado a proclamar la mayor fidelidad a la norma constitucional del anterior sistema de autogobierno de la ley orgánica 611985, si bien no se decidió a declarar la inconstitucionalidad del sistema de designación parlamentaria, sustituyéndolo por una «admonición moral» para que se evitasen los riesgos de politización de este órgano constitucional. Esta recomendación ha sido olvidada hasta hoy tanto por el poder legislativo como por el ejecutivo.

Neutralidad política

El juez se encuentra sometido, exclusivamente, al ordenamiento jurídico. La neutralidad apuntada radica en su voluntad de sometimiento únicamente a imperativos jurídicos.

Respeto al principio de la legalidad

Corresponde al juez el estricto respeto al sistema de producción de normas jurídicas, cuya enumeración y jerarquía se atribuye constitucionalmente a la decisión política, pero cuya compleja realidad normativa necesita interpretación o integración siempre al margen del reprobable uso alternativo del derecho, propio del juez Políticamente beligerante, que implica un absoluto desprecio hacia aquel sistema, Por sustitución de la voluntad general.

Profesionalidad

Resta, por último, deslindar la condición profesional del juez, como técnico de Derecho, de su pretendido carácter funcionarial, pues la identificación entre ambos conceptos no persigue otra cosa que contraponer ese modelo al constitucional, en el que predomina la Idea de autoridad y de ejercicio del poder.

 

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