XVII CONGRESO NACIONAL APM. Palma de Mallorca, nov. 2007
PRIMERA PONENCIA: “EL ESTATUTO DEL JUEZ”
(Sección Territorial de Andalucía)
Coordina: Ilma. Sra. Dª Nuria Auxiliadora Orellana Cano

 

 Comunicaciones presentadas:

1.- Ingreso en la Carrera Judicial. Ilma. Sra. Dª Isabel Morón Pendás (Andalucía Occidental)

2.- Ascenso y traslado forzoso. Ilma. Sra. Dª Isabel Morón Pendás (Andalucía Occidental)

3.- Promoción y categorías. Ilma. Sra. Dª Dolores Sánchez García (Andalucía Occidental)

4.- Cuestiones susceptibles de mejora en el ámbito laboral y de protección social de Jueces y Magistrados. Ilma. Sra. Dª Ana María Orellana Cano (Andalucía Occidental)

5.- La retribución judicial. Ilmo. Sr. D. Fernando De La Torre Deza (Andalucía Oriental)

6.- Ética judicial. Ilmo. Sr. D. Fernando De La Torre Deza (Andalucía Oriental)
 
7.- Independencia Judicial. Ilma. Sra. Dª Celia Belhadj Ben Gómez (Andalucía Occidental)

8.- Responsabilidad Judicial. Ilmo. Sr. D. Fernando De La Torre Deza (Andalucía Oriental)


 

 

INGRESO EN LA CARRERA JUDICAL
Comunicación presentada por Dª Isabel Morón Pendás

 La opción en un determinado sistema jurídico  por uno u otro mecanismo de acceso al ejercicio de la función jurisdiccional , viene a caracterizar al sistema mismo,  condicionando  su funcionamiento, y,  deriva necesariamente,  de una concreta  concepción de la propia función .

Los sistemas habituales de acceso al cargo judicial pueden clasificarse en tres grandes grupos:

A.- Sistema  de elección directa por los ciudadanos.
B.- Sistema de designación por órganos políticos .
C.- Sistema. de libre acceso basado en el concurso público valorando o no la experiencia profesional previa en profesiones jurídicas.

La Constitución Española opta decididamente por caracterizar a los llamados al ejercicio de la función jurisdiccional por dos notas,  la independencia y la  imparcialidad, que obligadamente  han de incidir en los mecanismos de acceso al cargo de juez. Así,  el artículo 117.1 de la Constitución dispone “ la Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y Magistrados independientes, inamovibles, responsables  y sometidos sólo al imperio de la Ley”  .

A pesar de la dicción literal del precepto, “ la justicia emana del pueblo”,  la nota de la independencia excluye tanto cualquier mecanismo de elección directa como de  designación por el poder político, y remite obligadamente a un sistema fundado en el libre acceso y en los principios de mérito y capacidad.

En nuestro ordenamiento, sentado lo anterior, se contemplan hasta cinco vías de acceso a la Carrera judicial:

1.- Acceso por la Categoría de Magistrado del Tribunal Supremo , vía reservada a juristas de reconocida competencia  experiencia profesional de más de quince años.

2.-Acceso por la Categoría de Magistrado y a su vez:

-a.- a la condición de Magistrado de la Sala Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia por parte de juristas de reconocido prestigio.

-b.-   a la condición de Magistrado a través del turno de especialistas en la jurisdicción contencioso-administrativa o en la social por parte de miembros  del Ministerio Fiscal.

-c.- acceso a la Carrera Judicial  por la categoría de Magistrado mediante  el sistema  concurso-oposición entre juristas de reconocida competencia con más de diez años de experiencia profesional  (“cuarto turno”). Esta vía   se regula en  los  artículos  301.5 ( “5. También ingresarán en la Carrera Judicial por la categoría de magistrado del Tribunal Supremo, o de magistrado, juristas de reconocida competencia en los casos, forma y proporción respectivamente establecidos en la Ley. Quienes pretendan el ingreso en la carrera judicial en la categoría de magistrado precisarán también superar un curso de formación en la Escuela Judicial”) ;   311 y 313 de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial y en el Capitulo IV del Titulo I del Reglamento 1/1995, de 7 de junio  de la Carrera Judicial. La Ley Orgánica 19/2003, de 23 de Diciembre, por la que se reforma la LOPJ, introdujo  novedades en relación con esta forma de ingreso en la Carrera Judicial imponiendo tras la valoración de los méritos del aspirante conforme al Baremo publicado con la propia convocatoria del concurso, la emisión de un dictamen y su posterior lectura en audiencia pública y  la superación de una entrevista personal dirigida a la acreditación de los méritos alegados y la ulterior superación de un curso de formación teórico y práctico. Asimismo se establece la posibilidad de realizar la  convocatoria por especialidades (concurso limitado), modalidad ésta que se está generalizando y alcanzada la categoría de Magistrado por esta modalidad, no se pueden ocupar plazas correspondientes a un orden jurisdiccional distinto, salvo que se superen las pruebas de especialización en materia contencioso-administrativa, social o mercantil.

3.- acceso por la Categoría de Juez. En nuestro ordenamiento el sistema básico de acceso a la Carrera Judicial es,  el de oposición libre y posterior superación del curso teórico-práctico en la Escuela Judicial. Dicho sistema es hoy día el único hábil para el ingreso en la Carrera Judicial en la categoría de Juez .

Junto a tales sistemas de acceso a la Carrera Judicial , el 29 de diciembre de 2005 el Gobierno  presentó en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la LO 6/1985,  del Poder Judicial en materia de Justicia de Proximidad y Consejos de Justicia, teniendo lugar el 11 de mayo de dos mil seis el debate de totalidad por la enmienda introducida por el principal grupo de la oposición, y, rechazada la enmienda, toda la tramitación ulterior, afortunadamente, se ha limitado a sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas, durante ya un año y medio,  lo que lleva a pensar que el proyecto ha quedado en el olvido.

Dicho Proyecto contempla la introducción de una nueva categoría de jueces que si bien no se integra directamente en la  Carrera Judicial,   permitirá,  transcurridos un tiempo,  ingresar en la Carrera Judicial por la categoría de Juez. Lo perturbador de la figura se centra en la participación directa  del poder político local en el mecanismo de su selección , y la participación indirecta en dicha selección y en la renovación del nombrado, del poder político autonómico, a través de los   también proyectados Consejos de Justicia. La intervención de instancias políticas en el proceso de designación y renovación en el cargo de quien,  por limitadas que sean sus atribuciones  , ejercerá funciones jurisdiccionales, quiebra estrepitosamente con el diseño constitucional del Juez independiente e inamovible.

Así,  el CGPJ en su informe sobre el referido proyecto, además de las objeciones  que la figura merece desde la perspectiva de la unidad de la Carrera Judicial que consagra el artículo 122 de la CE  , y desde la  configuración del Poder Judicial como estatal y único,   ha caracterizado la figura del Juez de Proximidad de “funcionario municipal con ropajes judiciales , sujeto a contrato administrativo, elegido por la confianza que tiene en él los partidos con representación local si es que desea ser reelegido”.

Sin embargo y pese a la coexistencia de varias modalidades de acceso a la carrera judicial,  en la práctica  el sistema básico de ingreso en la  Carrera  o es el mecanismo de la oposición .

El artículo 4 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado define el sistema de oposición diciendo que : “la oposición consiste en la celebración de una o más pruebas para determinar la capacidad y aptitud de los aspirantes y fijar su orden de prelación...”

Dos son pues,  las aspiraciones  del sistema de oposición como medio de selección del personal en el citado Reglamento , la valoración de la capacidad y aptitud de los aspirantes. En el mismo sentido desarrolla la LOPJ el sistema de ingreso en la Carrera Judicial y, por lo que afecta a su primera fase de oposición , también de la Carrera Fiscal  t, tras la reforma operada por la LO 9/2000 de 22 de diciembre sobre medidas urgentes para la agilización de   la administración de justicia,   añadiendo la LOPJ a los principios de mérito y capacidad definitorios del sistema de oposición,  las notas  de igualdad en el acceso de quienes reúnan las condiciones necesarias  y la idoneidad y suficiencia profesional de los así seleccionados.  Dispone el artículo 301 de la LOPJ “1. El ingreso en la carrera judicial estará basado en los principios de mérito y capacidad para el ejercicio de la función jurisdiccional.  2. El proceso de selección para el ingreso en la carrera judicial garantizará, con objetividad y transparencia, la igualdad en el acceso a la misma de todos los ciudadanos que reúnan las condiciones y aptitudes necesarias, así como la idoneidad y suficiencia profesional de las personas seleccionadas para el ejercicio de la función jurisdiccional.3. El ingreso en la Carrera Judicial por la categoría de juez se producirá mediante la superación de oposición libre y de un curso teórico y práctico de selección realizado en la Escuela Judicial.4. La convocatoria para el ingreso en la Carrera Judicial, que se realizará conjuntamente con la de ingreso en la Carrera Fiscal, comprenderá todas las plazas vacantes existentes en el momento de la misma y un número adicional que permita cubrir las que previsiblemente puedan producirse hasta la siguiente convocatoria. Los candidatos aprobados, de acuerdo con las plazas convocadas, optarán, según el orden de la puntuación obtenida, por una u otra Carrera en el plazo que se fije por la Comisión de Selección...”

En definitiva, en el actual sistema de ingreso en la Carrera Judicial, se complementa la formación puramente teórica de la oposición estricta con la  teórico- práctica  que proporciona la Escuela Judicial, de modo que sólo superados ambos pasos se obtiene el nombramiento de Juez .   

Frente al vigente sistema de ingreso en la Carrera Judicial por la Categoría de Juez , recientemente,  el Ministro de Justicia,  opositor por cierto, alegando razones del todo irreflexivas, precipitadas y carentes de rigor, propone un nuevo sistema de acceso a la Carrera Judicial, no deja sin embargo del todo claro si es solo complemento del actual, para algunos elegidos, o sustitutivo en todo de la oposición tradicional.

Justifica su propuesta  aludiendo  a :

- el "alarmante" descenso del número de opositores , de 6000 en el año dos mil ,  se ha pasado a 3800  en la última convocatoria, olvidando que, en el año 2000 el número de plazas ofertadas era precisamente el doble que en la última convocatoria, y, sin embargo el número de opositores no ha caído en la misma proporción , sino al contrario, de los 20 opositores aspirando a una  plaza se ha pasado a 25 aspirantes por plaza.

Precisamente durante la tramitación de la LO 19/ 2003 de  Reforma de la LOPJ   y a propósito de ella , el actual Presidente del Congreso de los Diputados se pronunciaba en términos diametralmente opuestos a los del Señor Ministro  y afirmaba : “La supresión del «tercer turno» responde a la superación de la «desertización judicial» que se producía años atrás, cuando resultaba obligado seleccionar un número elevado de jueces que el tradicional sistema de oposición libre no era capaz de alcanzar para cubrir todas las plazas convocadas. Ahora, en cambio, existe por primera vez un superávit de jueces respecto a las plazas judiciales existentes.

-una pretendida ausencia de valores , práctica y vida,  además  falta de contacto con la realidad de los actuales ¿Jueces y Magistrados todos ?. o,  ¿tales carencias son predicables sólo de los opositores?. Opina  el Señor Ministro  que el estudio prolongado aliena en exceso y que,  siendo el  recién licenciado en derecho, candidato a ser “pescado” si su expediente es brillante)  ,  una persona llena de vida , práctica y valores, todo lo pierde  cuando supera o simplemente se somete a la oposición , y es necesario formarlo de nuevo en esos “valores” olvidados entre los temas de oposición.

Pues bien, el  término “valores” en boca de un político y más aún , la intención desde el poder político de inyectarlos  en los miembros de un Poder del Estado cuya legitimidad democrática arranca de una Constitución que lo configura como independiente del resto de los poderes del Estado y a sus miembros los caracteriza como tales, no deja de ser especialmente preocupante. Confiemos en que los valores del señor  Ministro, o de quien pueda llegar a serlo en un momento dado, no superen los que el texto constitucional proclama, pues de otro modo, nos veríamos sometidos además de al ordenamiento jurídico, a los valores del señor Ministro de turno.

La LOPJ ya contempla la formación de los opositores en alguno de esos valores, así el artículo 310 de la Ley proclama : “Todas las pruebas selectivas para el ingreso y la promoción en las Carreras Judicial y Fiscal contemplarán el estudio del principio de igualdad entre mujeres y hombres, incluyendo las medidas contra la violencia de género, y su aplicación con carácter transversal en el ámbito de la función jurisdiccional”.

La  referencia  a la formación práctica es aceptable, pero ya existe , como el conocimiento de lenguas extranjeras es asimismo deseable , pero la falta de vida y contacto con la realidad que se achacan a los jueces fruto del sistema de oposición,  vuelven a ser preocupantes, porque como dijo  el poeta a propósito de un valor tan poco vano como la libertad  “..qué es la vida, por perdida ya la di cuando el yugo del esclavo como un bravo sacudí...”,  pues eso, que me enseñen a vivir, que tras la esclavitud de la oposición se me olvidó, claro   si es que se puede entre juicio y juicio,  guardia y guardia, por cierto tan mal pagadas, que por esa sola razón me apunto a las urgencias de los hospitales , eso si, tranquilos y sin tensión, como solo estos jueces de hoy en día trabajamos.

En todo caso la actual Escuela Judicial ya proporciona esa formación práctica que se pretende así la LOPJ dispone en el artículo 307  “1. La Escuela Judicial, configurada como centro de selección y formación de jueces y magistrados dependiente del Consejo General del Poder Judicial, tendrá como objeto proporcionar una preparación integral, especializada y de alta calidad a los miembros de la Carrera Judicial, así como a los aspirantes a ingresar en ella. El curso de selección incluirá un programa de formación multidisciplinar y un período de prácticas tuteladas en diferentes órganos de todos los órdenes jurisdiccionales. Durante el período de prácticas los jueces en prácticas tuteladas ejercerán funciones de auxilio y colaboración con sus titulares. Excepcionalmente, podrán actuar en funciones de sustitución o de refuerzo, conforme a lo establecido en esta Ley”.

De nuevo el actual Presidente del Congreso de los Diputados rebatía al señor Ministro ya en el año dos mil tres,  cuando a propósito de la tramitación parlamentaria de la LO 19/03, afirmaba que  la enmienda presentada incide en que «el ingreso en la carrera judicial estará basado en los principios de mérito y capacidad para el ejercicio de la función jurisdiccional» y apuesta por reforzar «una preparación integral, especializada y de alta calidad a los miembros de la carrera judicial así como a los aspirantes a ingresar en ella» a través de la Escuela Judicial. Además, la enmienda pretende «garantizar la plena profesionalización de la Justicia, de forma que las funciones jurisdiccionales se ejerzan exclusivamente por jueces y magistrados de carrera» evitando, salvo en casos excepcionales, la presencia de jueces sustitutos o interinos en los Juzgados.

 - se apunta igualmente como razón de la modificación el desconocimiento de lo que es la tensión en el trabajo y es por ello que pretende mandarnos a los servicios de urgencias de los hospitales, espero que sólo como observadores ... pero bueno , todo sea por una guardia bien retribuida. Por cierto que yo ya estuve durante el año de  la Escuela Judicial,   a lo mejor no percibí  la suficiente tensión en la familia del donante de órganos... en fin, decidir con responsabilidad sobre los derechos fundamentales de las personas , al menos a  la mayoría de los Jueces,  nos tensiona  seriamente.   

Pues bien, esa batería de “sólidos “ argumentos, son los que se dan  para sustituir el actual sistema de oposición, por otro en el que atraer a la carrera judicial a los estudiantes con mejores expedientes de las universidades públicas, que son "gente que ha acreditado conocimientos jurídicos por encima de lo normal" , "La clave es pescar allí donde están pescando los grandes despachos de abogados. No veo por qué nos tenemos que dejar pisar. Hay que hacer una buena oferta y luego tiene que haber tiempos de formación muy buenos", “ pescaremos donde pescan los grandes despachos”. Me permito informar al señor Ministro que el sistema vigente, no impide  a esos brillantes alumnos de universidad , ingresar en la Carrera Judicial,  cumplidos los requisitos iguales para todos y con las mismas oportunidades  que los de expedientes menos lustrosos.

Se pretende así, entiendo, acudir a las universidades, parece que solo las públicas marginado a las privadas y atacando con ello  la actual  igualdad de oportunidades en el  acceso  a la Carrera ,  y “pescar” los mejores expedientes académicos que son prueba de conocimientos jurídicos por encima de lo normal, marginado el sistema de oposición que sí a porta un conocimiento jurídico que ni el más brillante de los expedientes académicos pudiera soñar , y ello porque el opositor se aleja del mundo y sus valores y solo se relaciona con su preparador.  Olvida el Señor Ministro que  esta profesión es vocacional  como la que más, y trasladará  con su proyecto, el encierro,  no ya al licenciado que tras estudiar la carrera y con una cierta edad decide opositar, sino al estudiante desde el primer día de su carrera, que con el objetivo de obtener el expediente necesario para acceder a la Carrera judicial , se encerrará y alejará de la realidad y probablemente ¡ncluso hasta  busque  un preparador ya desde el inicio de su carrera universitaria.  Quizá la falta de atractivo de la Carrera  y la Función Judicial para los mejores expedientes académicos, muchos de los cuales están de hecho en nuestra carrera, imponga plantearse no la modificación del sistema de acceso, sino las condiciones de trabajo de los actuales Jueces y Magistrados.

Con todo, y olvidando el tono jocoso que las palabras del señor Ministro reclamaban, lo verdaderamente alarmante es el nuevo intento de atentado a la independencia del poder judicial, que en el fondo , esconde la propuesta. La iniciativa en la selección de Jueces se traslada en ella directamente e inicialmente   a las Universidades, que cubren el primer paso del sistema,   si bien no puede escaparse que,  el segundo paso, ya dentro de los mejores expedientes académicos , se atribuye al propio Ministerio de Justicia , que propondría aquellos de entre los mejores expedientes , las personas que habrían de ingresar en la Escuela Judicial . La intromisión propuesta es del todo intolerable e incompatible con las exigencias de la imparcialidad.

Frente a la propuesta de modificación  se han alzado prácticamente todos, para destacar las notas  de objetividad, mérito y capacidad del vigente sistema, así como para destacar al imparcialidad e independencia que proporciona frente a la enésima pretensión de contaminación de la independencia judicial que la misma entraña. En la reunión de Decanos celebrada recientemente en  San Lorenzo del Escorial, y  en relación  con la propuesta del Ministro de Justicia sobre modificación del sistema de acceso a la Carrera Judicial,  se concluyó “ los Jueces Decanos abogamos por el mantenimiento del sistema vigente de ingreso en la Carrera Judicial, debido a que responde a criterios de objetividad, mérito y capacidad, evitando mecanismos arbitrarios y clientelares en el proceso selectivo” . El Portavoz del CGPJ destacó el prestigio internacional del que goza nuestro sistema que es copiado  desde países de Latinoamérica o de Europa del Este. El consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, criticó la medida por afectar a la profesionalidad y a la independencia de los Jueces. El Portavoz de la Asociación  declaró que lo que pretende el titular de Justicia son jueces "impregnados ideológicamente", considera García, que señala que si el juez español actual es independiente es porque no le debe nada a nadie y porque una oposición garantiza la "igualdad de armas y oportunidades". El Portavoz de Jueces para la Democracia  se pronunció a favor de  la conveniencia en abstracto de una reforma porque el sistema de oposición tiene muchas debilidades, si bien no quiso valorar  la propuesta queremos v  la propuesta concreta hasta que no se conozca en que consiste expresamente.

La propia Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre de modificación de la LOPJ señala “... En este sentido se mantiene la oposición como sistema general para el ingreso en la Carrera Judicial por la categoría de juez, por ser este sistema el que mejor garantiza la selección objetiva y rigurosa”.
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El sistema actual no es perfecto, ningún sistema lo es , y como todos es susceptible de mejoras si bien cualquier modificación en una materia tan sensible como los criterios de selección de los llamados al ejercicio de la función jurisdiccional, han de olvidarse frivolidades y opiniones precipitadas, y, en tanto no se proponga nada mejor  y dado que el mecanismo de oposición complementado con un amplio periodo de formación teórica y práctica   garantiza,  un acceso íntegro e igualitario a la Carrera Judicial, basado exclusivamente en  los principios de mérito y capacidad, no resulta conveniente su alteración.


ASCENSO  Y TRASLADO FORZOSO
Comunicación presentada por Dª Isabel Morón Pendás

La Carrera Judicial única,  servida por Jueces y Magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley ( artículo 117.1 de la Constitución y 1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio de 1.985, del Poder Judicial, que los somete además a la Constitución) , consta ( artículo 299 LOPJ),  de tres categorías:  Magistrado del Tribunal Supremo,  Magistrado y Juez.

La   Ley Orgánica del Poder Judicial regula el sistema de “ascenso” o “promoción” de la categoría profesional de Juez a la de  Magistrado, en su artículo 311, apartados 1º y 2º.  El  apartado 1º comienza diciendo : “De cada cuatro vacantes que se produzcan en la categoría de Magistrado, dos se proveerán mediante ascenso con los jueces que ocuparan el primer lugar en el escalafón dentro de esta categoría. ...” . Precepto que es  luego objeto de desarrollo en el Reglamento 1/1995 , de 7 de junio , de la Carrera Judicial

Así, la adquisición ordinaria por un Juez de la condición de Magistrado, viene determinada por un criterio que se basa exclusivamente en la existencia de plazas vacantes en la citada categoría, estableciéndose de este modo un sistema de promoción profesional forzoso, que resulta difícilmente compatible con el derecho ( artículo 25 de la Constitución Española)  , que no deber, de cualquier trabajador, a la promoción profesional.

Quizá para corregir tal desviación se introduce en el mismo precepto el mecanismo de la renuncia “...Cualquier Juez podrá renunciar al ascenso a la categoría de Magistrado notificándolo expresamente al CGPJ en la forma y plazo que éste determine”, instituto que ,sinembargo,  no cumple tal función correctora sino de modo parcial, en la medida en que la renuncia es limitada en el tiempo y en el número, y , agotada, se impone inexorablemente la forzada promoción. Así, el precepto citado continúa :”...Dicha renuncia obligará a permanecer en la categoría de juez durante dos años y podrá efectuarse un máximo de tres veces. Transcurridos los plazos señalados , el Juez ascenderá en el turno que le corresponda. El Juez que ejercite la renuncia mantendrá su puesto en el escalafón de Jueces hasta que ascienda y no podrá participar en los concursos ordinarios de traslado mientras permanezca en esta situación.”

Si en principio, la promoción forzada pudiera ser asumible, no lo es sin embargo, su consecuencia necesaria e inmediata en la actual regulación: el traslado forzoso del promovido a la categoría de Magistrado.

El artículo 117.2 de la Constitución, tras referirse a la inamovilidad  establece que “los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, trasladados ni jubilados sino por alguna de las causas y con las garantías  previstas en la Ley “. El Tribunal Constitucional ( Auto del Pleno 102/2004, de 13 de abril) ha declarado que la inamovilidad que la Constitución propugna de los integrantes del Poder Judicial es una garantía personal de su independencia que les permite actuar con imparcialidad . Se trata, pues, de garantizar la estabilidad en el cargo, la permanencia en el puesto y la sede judicial para la que han sido nombrados , sustrayéndolos así a todo traslado o cese que no sea voluntario o dispuesto en virtud de causas razonadas y legalmente establecidas con carácter previo.Asimismo la STC 204/1994, de 11 de julioafirma que dicha garantía significa que, nombrado o designado un Juez o Magistrado conforme a su estatuto legal no puede ser removido del cargo sino en virtud de causas razonables, tasadas o limitadas y previamente determinadas.

A las exigencias constitucionales derivadas del principio de inamovilidad,  habría de añadirse el que  esas causas por las que un Juez o Magistrado pueda ser trasladado,  que el Tribunal Constitucional reclama sean razonablesrazonadas y predeterminadas,   respondan a una real necesidad proporcionada al quebranto de la garantía constitucional que entrañan.

Tal es el gravamen que se le supone a un traslado impuesto, que la LOPJ, sólo se refiere expresamente al traslado forzoso en materia disciplinaria  regulándolo como sanción ( artículo 420.1.c LOPJ ) a imponer sólo tras el oportuno procedimiento sancionador con todas las garantías y únicamente  reserva dicha sanción para las faltas consideradas de  mayor gravedad ( artículo 420.2 LOPJ).

De acuerdo con lo expuesto , el actual sistema de traslado forzoso como consecuencia directa e inseparable del ascenso de la categoría de Juez a la de Magistrado, no responde a las exigencias de necesidad real y  proporcionalidad apuntadas.

Desde otro punto de vista últimamente es  constante la preocupación en todos los ámbitos laborales por la conciliación de la vida profesional y familiar, véase la tan pregonada Ley 39/1999, de 5 de noviembre de conciliación de la vida familiar de las personas trabajadoras,  adoptándose  toda clase de medidas tendentes a compatibilizar en la medida de lo posible , la vida personal y familiar con la vida profesional y a dar efectividad al mandato contenido en el artículo 39 de la Constitución ( “  Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil...” ) .Desde esta perspectiva, la movilidad geográfica del trabajador, cuando viene impuesta,  choca frontalmente con la necesidad de conciliar el desarrollo personal y familiar con  el profesional.

 El actual modelo de familia alejado del esquema tradicional de madre-ama de casa  y padre- proveedor capaz de arrastrar sin mayores traumas a toda la familia siguiendo un puesto de trabajo,  unido a la dificultad de acceso al empleo,  es difícilmente conciliable  con la forzosa imposición al Juez que asciende de la  obligación de trasladar su residencia forzosamente, desarraigándole de su entorno familiar y social, coartando su libre elección de residencia, privándole de su derecho a disfrutar de estabilidad personal, social y familiar .

Nunca como ahora se había ejercitado la renuncia contemplada en el artículo 311.1 LOPJ, con tanta frecuencia.

Sin embargo, como ya se ha apuntado, el  mecanismo de la renuncia contemplado en el artículo 311 LOPJ no corrige los problemas que desde la perspectiva de la conciliación familiar  plantea el traslado forzoso consecuente al ascenso , se limita a permitir la posposición en el tiempo de  lo inevitable al ser las renuncias limitadas en número con un máximo de tres , sin siquiera ofrecerse la posibilidad de decidir no ascender y así la legítima opción  entre la promoción profesional y la vida familiar,  de modo que se impone el ascenso aún contra la voluntad del interesado y con la consecuencia necesaria del forzoso cambio de destino.

Especial gravedad presenta el supuesto tan frecuente de parejas, y peor aún , parejas con hijos,  cuyos miembros pertenecen ambos a la Carrera, frecuentemente de la misma promoción obligados a ascender a la vez y a separarse por un mínimo inicial de un año, sin que existan medidas de agrupación familiar propias a diferencia de cualquier otro colectivo    ¿Qué debe hacer una familia en la que ambos progenitores se ven obligados a vivir separados? ¿repartirse los hijos? ¿pactar una sistema  tan de moda como la  custodia compartida ?...

A la vista de lo expuesto, no existe razón que justifique el mantenimiento  en nuestra Carrera  de un mecanismo tan desestabilizador. Con frecuencia las pretensiones de supresión del traslado forzoso se ligan a pretensiones de eliminación o modificación del sistema de las categorías judiciales , sin embargo y sin perjuicio de la eventual conveniencia de modificar dicho sistema, cuestión  que escapa al presente análisis , lo cierto es que, es posible sin mayores traumas,  la supresión de un mecanismo tan perturbador como el del traslado forzoso.
 
Es interesante analizar cómo se ha tratado la cuestión en la Carrera Fiscal y en el Cuerpo de Secretarios Judiciales.

El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal contempla la asimilación de los miembros de la Carrera Fiscal a los de la Carrera Judicial,  ( artículo 33.1 E.O.M.F.: “ los miembros de la carrera fiscal están equiparados en honores categorías y retribuciones a los de la carrera judicial” ) . El estatuto contempla asimismo un sistema de ascenso de la tercera a  la segunda categoría  paralelo al de la   Carrera Judicial que implica el traslado forzoso ( artículo 36.4 EOMF “los destinos que queden desiertos se cubrirán con los fiscales que accedan a la categoría necesaria ”) . Ahora bien , su aplicación se  relega al desarrollo   reglamentario, lo que  permitió que, fruto de los acuerdos entre las asociaciones de fiscales y el ministerio de justicia, el RD 391/1989 de 21 de abril , incluyese en la  Disposición Transitoria 1ª una norma suspensiva de la eficacia del artículo 36.4 del Estatuto.  Así el apartado 4º de la D.T. establece que “cuando quedara vacante una plaza de la segunda categoría se sacará a concurso entre fiscales, y, en defecto de solicitantes, pasará a ser ocupada por el fiscal de la categoría tercera más antiguo en el escalafón destinado en la  propia fiscalía.” , previendo la Disposición Transitoria  su propia vigencia hasta la entrada en vigor del Reglamento Orgánico del Ministerio Fiscal;  de este modo,  en la carrera fiscal, de facto no se ha venido aplicando el sistema de ascenso forzoso.

Tras la  Ley 24/07 de 9 de octubre por la que se modifica la Ley 50/81 de 30 de diciembre reguladora del Estatuto Orgánico  del Ministerio Fiscal, el artículo 36.5 del Estatuto pasa a tener la siguiente redacción: “ Los demás destinos fiscales se proveerán mediante concurso entre funcionarios de la categoría, atendiendo al mejor puesto escalafonal. Para solicitar nuevo destino habrá de permanecerse, cuando menos, dos años en el anterior, siempre que se hubiera accedido a aquel a petición propia, salvo en el primer destino para aquellos Fiscales tras su ingreso en la carrera fiscal una vez superado el proceso selectivo, en cuyo caso el plazo será de un año. Los destinos que queden desiertos se cubrirán con los Fiscales que asciendan a la categoría”

La reforma del E.O.M.F. y la consecuente promulgación de su reglamento con la intención entre otras, de hacer efectivo el sistema del artículo 36.4 del E.O.M.F. , ha centrado la atención de las Asociaciones  de Fiscales . Así la A F en su XVI Congreso celebrado en mayo de 2007, ha  calificado la proyectada reforma,  en lo tocante al restablecimiento del traslado forzoso,  de inoportuna innecesaria e injusta, y, la UPF en su XXI Congreso ,de mayo de 2007, critica el sistema de ascenso forzoso desde la perspectiva de la conciliación familiar y como opuesta a la deseable estabilidad de las plantillas, reconociendo que en la actualidad no existe diferencia real de funciones entre la segunda y la tercera categorías. Sin embargo el Reglamento continúa sin publicarse por  lo que se mantiene de hecho la anterior situación.

En lo que se refiere al Cuerpo de Secretarios Judiciales, tras  la reforma introducida por la L.O. 19/2003, de 23 de diciembre , se suprime el traslado forzoso consecuente al ascenso de categoría. Así el art 411 de la LOPJ tras la citada reforma establece “1. En el cuerpo de Secretarios Judiciales existirán tres categorías , teniendo lugar el ingreso   en el mismo por la tercera categoría.  2. Todo Secretario Judicial poseerá una categoría personal. En ningún caso un Secretario de la tercera categoría podrá optar a una plaza de la primera.   3. La consolidación de una categoría personal exige el desempeño de puestos de trabajo correspondiente a dicha categoría al menos durante cinco años continuados o siete con interrupción.  4. No se podrá comenzar a consolidar una categoría superior sin previamente haber consolidado la inferior.  5. La categoría consolidada determina la percepción del sueldo correspondiente a la misma con independencia del puesto de trabajo que se desempeñe. 6. A estos efectos, el Ministerio de Justicia establecerá los tres grupos en los que se clasificarán los puestos de trabajo a desempeñar por los  Secretarios Judiciales.”

Así, si en una Carrera tan próxima como la Carrera Fiscal , y en un Cuerpo como el de Secretarios Judiciales la eliminación de la medida no plantea especiales problemas, no existe razón que justifique su mantenimiento en nuestra Carrera .

Así las cosas , la solución no deja de ser sencilla estableciendo como  criterio de acceso a la categoría de Magistrado, el de la antigüedad pura, es decir, transcurrido un determinado período de tiempo en la categoría de Juez, se ascendería  a la categoría de magistrado, considerándose ésta, de igual modo que ocurre ahora en el cuerpo de Secretarios Judiciales y en la Carrera Fiscal   una cualidad o condición personal, que acompañe a cada miembro de la Carrera Judicial, con independencia de la plaza en que  desempeña su cometido. La condición de Magistrado debería ser acreditativa de una determinada experiencia  profesional, y por tanto, podría ostentarse dicha categoría en cualquier plaza.,  vedando sin embargo el acceso a  ciertas plazas cuya naturaleza así lo exige, como las correspondientes a órganos colegiados, o a órganos especializados a quien no ostente determinada antigüedad en la categoría de Magistrado, o cuente con la necesaria especialización, sin que ello suponga vedar a quien ostenta categoría de Magistrado el acceso a plazas de ordinario ocupadas por Jueces, lo que corregiría las actuales perturbaciones que para la vida familiar supone un cambio de destino impuesto. De esta manera, las retribuciones vendrían determinadas, de manera similar a los actuales, por un sueldo base, en función de  la  categoría personal  y un complemento correspondiente al destino efectivamente servido.

Asimismo a favor de la supresión del traslado forzoso derivado del ascenso a la categoría de Magistrado, convirtiendo la Categoría en un atributo personal independiente del Puesto de trabajo efectivamente desempeñado , puede apuntarse la conveniencia de dotar a los Juzgados de mayor estabilidad al permitir la continuación de la persona en el puesto sin perjuicio de su ascenso de Categoría. El deseo de continuidad y estabilidad, se refleja incluso  en la Exposición de Motivos del Reglamento 1/1995, de 7 de junio ,de la Carrera Judicial  cuyos expositivos IX y X  aluden , a propósito de los diversos procedimientos de incorporación a la Carrera  a la necesidad de procurar la continuidad de la Administración de Justicia, y apropósito del establecimiento de un tiempo mínimo de permanencia en el destino a  asegurar la necesaria estabilidad en la provisión de plazas de Jueces y Magistrados

En contra de la eventual supresión del traslado forzoso se ha argumentado la necesidad de  cobertura de ciertas plazas servidas por Magistrados, que de otro modo, quedarían vacantes. Sin embargo, dicha consecuencia podría evitarse permitiendo que las plazas que quedasen vacantes del concurso entre Magistrados y que tampoco fuesen ocupadas por los Jueces que en cada momento fuesen promovidos a dicha categoría, fuesen ofrecidas a los demás Jueces y en última instancia, a los Jueces que ingresaran en la Carrera. y contando con el aliciente que supone un complemento de destino correspondiente a plaza de Magistrado, será más fácil de cubrir, y cubierta la plaza si además se logra en ella cierta estabilidad , y no la cobertura por el periodo del año inicial de congelación cuando se accede por la vía del ascenso forzoso, a buen seguro dejará de ser plaza problemática. De esta forma se lograría que el traslado, salvo en los casos en que venga impuesto como sanción, fuese siempre voluntario.  Es evidente, por tanto, la discriminación profesional carente de todo otro fundamento que el de la pura tradición , que sufrimos los Jueces frente a los restantes Cuerpos de la propia Administración de Justicia.

A ello pudiera objetarse el que ciertas plazas necesariamente han de ser ocupadas por Magistrados dada su mayor experiencia tras un tiempo de ejercicio profesional, sin embargo el argumento de la mayor experiencia del Magistrado frente al Juez quiebra cuando se trata de  ocupar plazas de idéntico cometido y con idéntica carga de trabajo.

Entre los Juzgados  de Primera Instancia , de Instrucción, Mixtos,  o los nuevos Juzgados de Violencia sobre la Mujer,  sean servidos por Juez o por Magistrado la  competencia objetiva y funcional es idéntica, igualmente lo es, en principio el volumen de trabajo  , desde el momento que  el módulo aconsejable de entrada de asuntos,  es el mismo.  No existe  pues,  razón alguna para, teniendo en cuenta exclusivamente datos como la capitalidad o el número de habitantes de  la población,  unos mismos órganos hayan de ser servidos por Jueces y otros por Magistrados.

 En tales casos  la asignación  a  una plaza una u otra categoría viene en general dada por el número  de habitantes de la población, o la capitalidad,  lo cual choca  con la idea de la igualdad de los ciudadanos traducidos aquí en justiciables, haciendo de mejor derecho al de la población  de mayor tamaño, cuyos asuntos son tratados por un Magistrado con mayor experiencia  , frente al justiciable “ de pueblo” que no es merecedor de que un Juez de mayor experiencia conozca de sus asuntos, puesto que, transcurrido el tiempo y  adquirida por el Juez mayor experiencia profesional, ha de ascender y  abandonar el Juzgado   y la plaza es de nuevo ocupada por otro Juez, que, pese a tener una perfecta preparación , carece aún de la necesaria experiencia.             
             
 En este sentido, el hecho de que haya Jueces dispuestos a permanecer en una población durante un periodo de tiempo prolongado, genera ventajas al justiciable  y al propio Juzgado , pues les proporciona una Justicia estable y conocedora de sus problemas a todos los niveles.  Por tanto, y en contra de la  actual situación  , debe incentivarse y permitirse la estabilidad y permanencia prolongada en el tiempo, de los Jueces en los destinos por ellos elegidos, si n por ello privarles del derecho a la  promoción profesional.

Se alude a la carga de trabajo existente en según que Juzgados, para entender que estos hayan de ser servidos por Magistrados y no por Jueces, pero de todos es conocido que existen plazas de Magistrado donde el trabajo es mucho menor que en  determinadas plazas de Juez,   en definitiva,   la decisión sobre que partido judicial ha de ostentar una u otra categoría  no deja de ser una decisión de índole puramente política. 

Tampoco se sostiene la objeción frente al hecho de que  jueces adjuntos recién salidos de la Escuela Judicial, con todas las bendiciones, han venido ocupando plazas correspondientes a Magistrado . Así , en la reforma Ley Orgánica del Poder Judicial por L.O. 9/2002, de 10 de diciembre, aparece la figura del “Juez en expectativa de destino”, hoy tras la LO 19/2003 , de 23 de diciembre, Juez Adjunto. El artículo 308 de la LOPJ dispone : 1. La Escuela Judicial elaborará una relación con los aspirantes que aprueben el curso teórico y práctico, según su orden de calificación, que se elevará al Consejo General del Poder Judicial.2. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 301.4, aquellos aspirantes aprobados que no pudieran ser nombrados jueces titulares de órganos judiciales ingresarán en la Carrera Judicial en calidad de jueces adjuntos, tomando posesión ante el Presidente del Consejo General del Poder Judicial, al que quedarán adscritos a los efectos previstos en los artículos 212.2, 216, 216 bis 1, 216 bis 2, 216 bis 3 y 216 bis 4.Los jueces adjuntos tendrán preferencia sobre los jueces sustitutos en cualquier llamamiento para el ejercicio de las funciones a las que se refieren los artículos indicados en el párrafo anterior y cesarán en su cometido en el momento en el que sean nombrados jueces titulares y destinados a las vacantes que se vayan produciendo, según el orden numérico que ocupen en la lista de aspirantes aprobados.” Y aún más el artículo 212 LOPJ  en su apartado segundo y para los casos de sustituciones , se otorga preferencia frente al juez sustituto, no ya al Juez Adjunto al que refiere el artículo 308  trascrito, sino incluso, si bien con  carácter excepcional,  al juez que está  desarrollando prácticas tuteladas al que se refiere el artículo 307.1 de la LOPJ .

Igualmente el Capítulo IV Bis del Título segundo del Libro Tercero de la LOPJ ( “ De las medidas de refuerzo en la titularidad de los  órganos judiciales”) el artículo 216 bis 1  reformado por la LO 19/2003 permite al CGPJ, como medida excepcional de apoyo judicial,  la adscripción  los  jueces en prácticas en calidad de Jueces sustitutos o de apoyo, para que participen con los titulares de los órganos que sufran especial retraso o acumulación de asuntos , en la tramitación de asuntos que no estuvieran pendientes .

En este sentido por el Acuerdo Reglamentario 4/2003, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de 12 de marzo se introduce en la reforma del Reglamento 1/1995   de la Carrera Judicial el título V “ de los Jueces en expectativa de destino” y así  el artículo 129 bis dispone  Cuando, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 301.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, hayan de nombrarse excepcionalmente Jueces en expectativa de destino, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 308.2 de la misma Ley Orgánica y en el artículo 33.2 del presente Reglamento, dichos Jueces tendrán preferencia sobre los Jueces sustitutos en cualquier llamamiento para el ejercicio de las funciones a que se refieren los artículos 212.2, 216 y el Capítulo IV bis de la misma Ley Orgánica.2. En tanto no sean nombrados Jueces titulares y destinados a las vacantes que se vayan produciendo, los Jueces en expectativa de destino ejercerán las funciones indicadas en el apartado anterior en régimen de adscripción al servicio de un Tribunal Superior de Justicia, prestando los correspondientes servicios en el ámbito territorial de una sola provincia y, preferentemente, en órganos unipersonales de los órdenes jurisdiccionales civil o penal. A los efectos previstos en el párrafo anterior, los Jueces en expectativa de destino ejercerán sus funciones en Juzgados de Primera Instancia e Instrucción servidos por Jueces y, subsidiariamente, en Juzgados de Primera Instancia e Instrucción o, en su defecto, otros órganos unipersonales de los órdenes jurisdiccionales civil o penal servidos por Magistrados. Sólo excepcionalmente, cuando no sea posible asignar a los Jueces en expectativa de destino, en el ámbito de la provincia a la que se hallen adscritos, funciones de refuerzo o de sustitución de larga duración en los órganos indicados en el párrafo anterior, podrán prestar servicios asimismo, y por este orden, en órganos colegiados de los órdenes civil o penal o, en su defecto, en órganos unipersonales de otros órdenes jurisdiccionales. 3. Los Jueces en expectativa de destino que ejerzan funciones de refuerzo o de sustitución de larga duración estarán sujetos en sus respectivos órganos de adscripción al régimen de sustituciones entre Magistrados y Jueces titulares de órganos judiciales establecido en los artículos 207, 210 y 211 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.  En particular, los Jueces en expectativa de destino, aun cuando estuvieren adscritos a tareas de refuerzo o de sustitución de larga duración, serán llamados en régimen de igualdad con Jueces y Magistrados titulares, y con preferencia sobre Jueces sustitutos y Magistrados suplentes, para realizar sustituciones de corta duración o prórrogas de jurisdicción.   4. Las nuevas adscripciones de los Jueces en expectativa de destino a órganos jurisdiccionales concretos de los señalados en el apartado 2 del presente artículo que resulten necesarias en el ámbito de la provincia de adscripción y que tengan por objeto el ejercicio de funciones de refuerzo o de sustitución de larga duración distintas de las inicialmente asignadas serán acordadas por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente.  Las nuevas adscripciones a que se refiere el párrafo anterior sólo serán acordadas cuando se extinga la causa que motivó la adscripción del Juez en expectativa de destino al órgano en que viniere prestando servicios. Si coincidiese en el tiempo y en el ámbito de una misma provincia la extinción de la adscripción de más de un Juez en expectativa de destino, las nuevas adscripciones serán acordadas atendiendo al orden escalafonal de los interesados.Las nuevas adscripciones se harán efectivas en el plazo estrictamente necesario para efectuar el traslado, salvo que el Juez en expectativa de destino venga obligado a confeccionar el alarde, en cuyo caso el plazo posesorio en el órgano de nueva adscripción será de ocho días.Los Jueces en expectativa de destino sólo vendrán obligados a confeccionar el alarde cuando sean adscritos a tareas de sustitución de larga duración por período superior a los tres meses.    5. Sólo excepcionalmente, si se diese la circunstancia de que algún Juez en expectativa de destino no tuviese transitoriamente encomendadas funciones de refuerzo o de sustitución de larga duración en órgano alguno, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia al que se halle adscrito podrá, a propuesta del respectivo Juez Decano y dando cuenta al Consejo General del Poder Judicial, disponer por cada Juez en expectativa de destino hasta un máximo de cuatro llamamientos anuales para el ejercicio de funciones de sustitución de corta duración en órganos jurisdiccionales de los señalados en el apartado 2 del presente artículo con sede en la provincia de adscripción.En todo caso, para evitar la situación a que se refiere el párrafo anterior, el Consejo General del Poder Judicial elaborará y mantendrá en todo momento actualizada para el ámbito de cada provincia una relación de órganos judiciales a los que serán adscritos los Jueces en expectativa de destino que ejerzan sus funciones en aquélla una vez se extinga la causa que motivó su adscripción al órgano en que vinieren prestando servicios...”
 
Si se apunta la posibilidad, siquiera  subsidiaria, de que un Juez recién aprobada la oposición y terminado el curso teórico en la Escuela Judicial, ni siquiera el práctico tratándose de sustituciones o medidas excepcionales de apoyo,  pueda cubrir, aún de forma excepcional,  temporal y con carácter coyuntural, la vacante de un órgano judicial servido por Magistrado,   es muestra de que se le considera plenamente capacitado para ejercer las correspondientes funciones con plenas garantías para el ciudadano y el funcionamiento de la Administración de Justicia. De hecho,  a los alumnos de la 54ª Promoción de la Escuela Judicial les fueron ofertadas más de cien  plazas de categoría de Magistrado para servirlas como  “Jueces Adjuntos”.

En todo caso cabe decir que la actual normativa sobre los Jueces en Prácticas y los Jueces Adjuntos va más allá incluso que esta propuesta,  en la medida en que se permite la cobertura por dichos Jueces incluso, aún de modo subsidiario de plazas correspondientes a órganos colegiados de los órdenes civil y penal  .

Lo mismo puede afirmarse de los supuestos  de conversión de plazas de Juez en plazas de Magistrado,  en los que el   titular , sin ostentar la categoría necesaria, continua desempeñando idéntica labor en plaza correspondiente a categoría superior, pudiendo en el momento del ascenso, optar por continuar, ya como Magistrado, en la misma plaza .

Asimismo el argumento es contradicho por la figura del Sustituto que viene, sin siquiera superar la oposición, desempeñando las funciones propias de cualquier  Juez o Magistrado y no siempre por periodos de corta duración, sino que,  en supuestos de excedencias o de bajas por maternidad puede alcanzar incluso un año.

Otra frecuente oposición a la supresión del traslado forzoso es afirmar la inconveniencia de la perpetuación de una misma persona en una determinada plaza, objeción que igualmente pudiera aplicarse al Magistrado que se jubila en la misma plaza a la que asciende, y que en todo caso contradice la deseable  estabilidad y continuidad en la administración de justicia.

En definitiva, ha de procurarse el desligar el traslado forzoso del ascenso en la carrera,  suprimiendo  todo traslado que no sea voluntario , y relegando el forzado a los  estrictos términos para los  que se contempla la figura como excepción que supone al principio de la inamovilidad judicial, es decir como sanción , evitando  “premiar” el ascenso en la carrera  con una de las sanciones más graves previstas en nuestro régimen disciplinario.


LAS CATEGORÍAS EN LA CARRERA JUDICIAL
Por María Dolores Sánchez García
Magistrada Juez del Juzgado de Instrucción nº 18 de Sevilla

 Con independencia del sistema de acceso a cada una de ellas, la carrera judicial consta de 3 categorías:

  1. Magistrado del Tribunal Supremo
  2. Magistrado
  3. Juez

De esta genérica afirmación contenida en el artc. 299 de la L.O.P.J. se deriva que únicamente existen las tres mencionadas aunque en el caso de los magistrados del Tribunal Supremo gocen de un estatuto especial.

En consecuencia, los componentes del Tribunal Constitucional, no formarían parte de la carrera judicial, pese a su posición como intérprete supremo de la Constitución.

Esta catalogación de la judicatura española viene siendo contestada por quienes preconizan la abolición de estos estamentos, sobre todo en lo que atañe a la diferenciación entre jueces y magistrados. En lo concerniente a los magistrados del Supremo, las discrepancias derivan de su sistema de designación.

El acceso a la carrera judicial puede producirse por cada una de estas tres categorías. Así el ingreso en la categoría de juez, por oposición libre o por concurso de méritos. En la de magistrado, por antigüedad, por especialidad mediante la superación de sus pruebas selectivas o por el denominado cuarto turno entre juristas de reconocido prestigio. En el caso del Tribunal Supremo, entre magistrados por el turno de juristas de reconocido prestigio. Desde el punto de vista metodológico, tomando en consideración que sobre este particular, el acceso a la carrera judicial se trata en otra ponencia, voy a pasar a tratar sobre una de las normas más debatidas en los últimos tiempos cual es la que afecta a las consecuencias del ascenso de juez a magistrado.

La norma en concreto es la reflejada en el artículo 311 de la LOPJ:

1.- De cada cuatro vacantes que se produzcan en la categoría de magistrados, dos se proveerán mediante ascenso con los jueces que ocuparan el primer lugar en el escalafón dentro de esta categoría.

Cualquier juez podrá renunciar al ascenso a la categoría de magistrado notificándolo expresamente al CGPJ en la forma y plazo que éste determine. Dicha renuncia obligará a permanecer en la categoría de juez durante dos años y podrá efectuarse un máximo de tres veces.
Transcurridos los plazos señalados, el juez ascenderá en el turno que le corresponda. El juez que ejercite la renuncia mantendrá su puesto en el escalafón de jueces hasta que ascienda y no podrá participar en los concursos ordinarios de traslados mientras permanezca en esta situación.

En la anterior redacción se fijaba como plazo para la necesaria notificación al CGPJ, de seis meses, pero ello planteaba unos problemas prácticos tales como presuponer el conocimiento exacto de la fecha del ascenso por lo que se ha suprimido.

La renuncia al ascenso, tal y como aparece regulada, acarrea unas consecuencias restrictivas, que a mi modo de ver resultan excesivas, pues:

1.- Obligan a la comunicación al CGPJ de forma expresa con antelación a la producción del ascenso. Ello significa que se realiza en la ignorancia de las plazas ofertadas.

2.- Constituyen al renunciante en la obligación de permanecer al menos dos años de “congelación” en la categoría de juez, con un máximo de seis años.

3.- Como consecuencia, lleva aparejada la pérdida del puesto escalafonal que naturalmente le correspondería en el de magistrado.

4.- No podrá participar en los concursos ordinarios de traslado dentro de los de su propia categoría. Esta penalización se comprende aún menos pues equipara al juez que renuncia al ascenso con los sancionados con traslado forzoso o suspensión.

A todo este cúmulo de consecuencias negativas no encuentro explicación razonable alguna, debiendo incluso discutirse la propia existencia de la figura de la renuncia al ascenso.

Consideraciones tales como los principios de unidad familiar de los que ya se ha hecho eco la Ley Orgánica en materias tales como concursos y de analogía con el Estatuto del Ministerio Fiscal en el que el ascenso de categoría no implica el traslado.

Es por ello que se propone el debate sobre este extremo a fin de valorar la supresión de las consecuencias negativas de esta norma sino su propia eliminación.

Pero cuando hablamos de categorías, la LOPJ alude a otra cuestión no menos espinosa y es el de la “categoría de magistrado especialista en los respectivos órdenes jurisdiccionales”, haciendo depender del criterio de la especialidad tal y como aparece recogido en la actualidad el acceso a determinados destinos: juzgados, audiencias, TSJ o TS.

La apuesta por la especialización se inició en 1994 con la reforma que introdujo la LO 16/ 1994 de 8 de noviembre ( BOE de 29/11/1994), a la que vinieron a sumarse las de los años 2000,2003 y 2004, que han venido incidiendo en este criterio, profundizándolo, respecto a las materias de menores de lo mercantil y de los juzgados centrales ( art. 329 LOPJ).

La especialidad así regulada sólo afecta a los destinos de magistrados, pero no a los jueces y otorga a la preferencia para optar a determinados destinos tanto por poseerla mediante la realización de las pruebas de acceso que le son propias, como por la permanencia durante distintos periodos en órganos pertenecientes a las concretas jurisdicciones. Esta circunstancia de que no afecte a los jueces parece responder a la idea de la consideración como raíz común de las  materias civiles y penales residenciándose la especialidad en otras como es el caso del contencioso administrativo y social.

Curioso resulta que en tanto los concursos para los Juzgados unipersonales gocen de preferencia los especialistas propiamente dichos y en su defecto los que tengan cierto número de años de ejercicio en la jurisdicción, para la provisión de destino de los órganos colegiados equivalentes lo sea solamente los años de servicio, es decir, no se exige el haber superado las pruebas de especialización.

Únicamente existe un caso en el que sí se admite la existencia de magistrados “pluriespecialistas”, por haber servido lasazas con jurisdicción mixta aún a costa del doble de años. Y es posible que pronto veamos incrementado en un nuevo párrafo el artículo 329 para regular la especialidad de los JVM.

Esta inflamación del principio de especialidad resulta desproporcionada y olvida realidades cotidiana que la contradicen pues por imperativo legal existen órganos judiciales que continuamente se ven obligados a resolver los asuntos que no admiten demora, urgentes, que no pueden esperar ni tan siquiera unas horas para que sea el Juzgado especializado el que conozca, como en el supuesto de los Juzgados de guardia en cuanto a las materias contencioso administrativas, civiles, mercantiles, de menores, de Registro civil, propias de los Juzgados de Violencia sobre la mujer incluso en su vertiente civil y en continua expansión a juzgar por las ultimas propuestas realizadas al respecto.

En otros casos, son las necesidades del servicio las que aconsejan que  miembros de la carrera judicial accedan a un puesto que no son de su especialidad, por no existir de los de ella que no hayan concursado, sin que en este supuesto parezcan existir obstáculos.

En estos tiempos en los que poderes públicos parecen abogar por la supresión de la oposición a la carrera judicial, y lo que ello conlleva de acreditación de unos conocimientos jurídicos, mucho me temo que la carrera se ve aún más abocada a acreditarlo por mor de la especialización.

Obviamente, no se discuten sus bondades, pero tampoco los inconvenientes del anquilosamiento.

Desde otra perspectiva, la formativa que la impuso omitió la inclusión de disposiciones adecuadas de Derecho Transitorio, olvidando las graves y negativas consecuencias que ha tenido para una gran parte de la carrera que se ha avisto así privada del acceso a determinados destinos sin previo aviso y mal se compadece con la existencia de otras situaciones de posibles pérdidas de derechos que a pesar de ser anteriores a la LOPJ de 1985, aún tienen su reflejo en ella y en el escalafón, como es el caso de los pertenecientes a las extintas magistraturas de trabajo.

Sin embargo, el tiempo transcurrido, los derechos adquiridos por gran número de compañeros, hacen difícil por no decir imposible la retracción, aunque si podrían incluirse correctivos en lo que a la esfera civil y penal se refiere y que siguen teniendo cierta consideración de jurisdicciones troncales.


“ALGUNAS CUESTIONES SUSCEPTIBLES DE MEJORAS EN EL ÁMBITO LABORAL Y DE LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS MAGISTRADOS”.
Ana María Orellana Cano.
Magistrada Especialista de lo Social.
Titular de la Sala de lo Social del TSJA.

La situación actual de los Jueces y Magistrados es susceptible de ser mejorada, mediante justas pretensiones, tanto durante el servicio en activo como en el ámbito de la protección social. Como se analizará en el Congreso, todas las mejoras han sido objeto de un reconocimiento expreso para determinados colectivos, bien en el Derecho Comparado o bien en nuestra propia legislación nacional o autonómica. Sólo pretendemos con las iniciativas que se examinarán en esta ponencia, una real equiparación a la situación de los Jueces y Magistrados de otros Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, así como a otros altos cargos de la Administración Pública de España.

I. CUESTIONES LABORALES.

1. El salario.

Me parece interesante, al menos a título ilustrativo, realizar un análisis comparativo de los salarios de los miembros de la Carrera Judicial en los distintos Estados de la Unión Europea, destacando igualmente el incremento que se produce en cada país, desde el ingreso hasta la jubilación de los Magistrados, con el objetivo de poner de examinar si nuestros salarios no son tan elevados como consideran algunos y, si el incremento salarial ha sido proporcional al de otros países. Para ello me basaré en un informe emitido en el año 2006 por la European Comisión for the Efficiency of Justice (CEPEJ).

Por otro lado, las pagas extraordinarias tienen naturaleza salarial y, su importe ha sido objeto de diversos pronunciamientos judiciales tanto de la Sala IV del Tribunal Supremo como  del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No se trata en este apartado de reiterar las negociaciones que se han mantenido con el Gobierno para el reconocimiento del importe de nuestras pagas extraordinarias en cuantía igual a la del salario mensual, sino de fundamentar nuestra pretensión en la jurisprudencia nacional y comunitaria.

2. Los beneficios adicionales.

La percepción de una prestación económica que retribuya la mayor cantidad de trabajo de los Jueces y Magistrados, la denominada productividad, se enfrenta al problema de la naturaleza de la actividad jurisdiccional, en la que ha de conjugarse la calidad y la cantidad. Esta modalidad de retribución se ha implantado en algunos países de la Unión Europea, pero adoptando parámetros diferentes a los españoles. De este modo, en Alemania, para garantizar la calidad de las resoluciones judiciales, el superior jerárquico de cada órgano judicial, ha de emitir un informe de valoración profesional denominado beurteilung, en el que se refiere no sólo a la cantidad sino también a la calidad del trabajo. Sin embargo, en el sistema norteamericano de EEUU, el Key Performance Indicators, - que ha tenido una clara influencia en el español -, no se establece esta especie de “control de calidad”.

Asimismo, se examinarán en este epígrafe, algunos beneficios adicionales reconocidos a favor de los Jueces y Magistrados en otros países de la Unión, tales como reducciones fiscales, otorgamiento de viviendas, préstamos reducidos para adquirir la vivienda, seguros especiales para la asistencia sanitaria, asignación de un importe para ropa, una colaboración para comidas y el uso de coche oficial.

 3. La compatibilidad con otras actividades.

La compatibilidad del ejercicio de la función jurisdiccional con otras actividades está regulada en todos los países de la Unión Europea, con carácter restrictivo. Se reconoce esta compatibilidad con la docencia, con las publicaciones y con la intervención en actividades culturales, como por ejemplo, la intervención del Magistrado en la venta de sus propios cuadros, con carácter general. Sin embargo, la posibilidad de compatibilizar la Carrera Judicial con las labores de Árbitro o de Consultor, tiene escaso reconocimiento.

Lo cierto es que ninguna de estas actividades compatibles suponen, por lo general, unos ingresos elevados, por lo que, desde el punto de vista económico, son de escasa relevancia. Por ello, considero que lo razonable sería el establecimiento de un complemento de exclusividad. Pero se podría argumentar en contra de esta medida, que es inherente a la función judicial y, por lo tanto, es un aspecto integrante del propio salario. Ahora bien, esta incompatibilidad puede servir de base para justificar la mejora de las condiciones laborales, mediante una reducción de los impuestos o cualquier otra medida, que pueda retribuir, en cierto modo, esta exclusividad.

4. El premio de antigüedad.

La dedicación a nuestro trabajo, con responsabilidad, con seriedad, con constancia, sin límite horario, es merecedora de algún premio de antigüedad. No es suficiente el complemento de antigüedad por trienios. Además, no ha de estar vinculado al cese en la actividad jurisdiccional, sino que debe percibirse mientras se está en situación de activo. Son numerosos los Convenios Colectivos que prevén este reconocimiento a la dedicación de sus trabajadores a la empresa. La cuantía podría variar, determinándose o bien en función de los años de servicio o, estableciéndose una cantidad a tanto alzado; y, el devengo podría producirse cada diez años de servicio efectivo en la Carrera Judicial.
 
5. La indemnización por cese.

En la mayoría de los Estatutos de los Jueces y Magistrados de los Estados integrantes de la Unión Europea se reconoce el derecho a percibir una indemnización por cese en la actividad judicial, por un importe que oscila del equivalente a una mensualidad de salario, o a la mitad o a la tercera parte, por cada año de servicio. Este derecho nacería cualquiera que fuese la causa del cese, con excepción de la separación de la Carrera como medida disciplinaria y, con independencia del número de años de prestación de servicios en la Carrera. La indemnización por cese es una medida laboral, distinta de las mejoras voluntarias a la Seguridad Social, ya que se abonaría aunque el Juez o Magistrado no tuviese derecho a percibir ninguna prestación de la Seguridad Social y, sin embargo, las mejoras voluntarias, por su propia naturaleza, vienen siempre vinculadas a alguna prestación de Seguridad Social.

II. LA PROTECCIÓN SOCIAL.

1. La jubilación.

En la Carta Europea elaborada en la reunión celebrada en Estrasburgo del 8 al 10 de julio de 1998, en el seno del Consejo de Europa, en relación con la presente materia, se establece que el importe de la pensión de jubilación “quedará lo más cerca posible del último salario del Juez”. En este sentido, en Portugal, la cuantía de la pensión de jubilación es equivalente a la retribución íntegra del último mes en servicio activo.

Lejos del régimen de nuestros vecinos portugueses y del objetivo del Consejo de Europa, en España, los Magistrados pasan de percibir en activo entre 4.000 y 4.500 €, a ser beneficiarios de una pensión de jubilación de unos 1.800 €, siempre y cuando se acrediten, al menos, treinta y cinco años cotizados. Por lo tanto como primera medida para lograr la equiparación de la pensión de jubilación y del salario en activo, sería no aplicar al porcentaje de base reguladora que corresponda, el tope máximo de pensiones. Analizaré la problemática que suscita esta prestación, concretando algunas posibles soluciones, en relación con el periodo de carencia y con el importe de la pensión.

1. El periodo de carencia.

Para tener derecho a una pensión de jubilación equivalente al 100 % de la base reguladora, han de acreditarse, al menos, treinta y cinco años de cotización a la Seguridad Social. Ha de tenerse en cuenta que la edad media ingreso de los Jueces por oposición, según la memoria del Consejo General del Poder Judicial del año 2005, se sitúa en los 31 o 32 años y, en los que acceden por el cuarto turno, entre los 42 y 45 años. Esta es la media, lo que evidencia la dificultad para acreditar el indicado periodo de carencia. Se podría argumentar que, al aplicarse el tope máximo de pensiones, no es necesario tener derecho al 100 % de la base reguladora para percibir una pensión igual al importe de este tope máximo de pensiones. Pero es un argumento poco sólido, sobre todo, teniéndose en cuenta que es necesario llevar a cabo una profunda reforma de la pensión de jubilación de los Jueces y Magistrados, en la que el tener derecho a una pensión del 100 % de la base reguladora, tendrá una evidente relevancia económica. Se hace preciso, según lo expuesto, reducir el periodo de carencia exigible a los Jueces y Magistrados para lucrar la prestación de jubilación en un importe igual al 100 % de la base reguladora, debido a los requisitos que se exigen para el acceso a la Carrera judicial, que inciden en la edad de ingreso. No se puede empezar a trabajar como Juez a los dieciséis años, que es la edad laboral mínima. No sería, por esta razón, una medida de acción positiva, al tratarse de un trato desigual a los desiguales.

2. El importe de la pensión de jubilación.

La edad de jubilación de los Jueces y Magistrados en España se sitúa en los setenta años, mientras que la Ley General de la Seguridad Social contempla como edad ordinaria de jubilación, los sesenta y cinco años. Ello significa que permanecemos cinco años más que el resto de los trabajadores cotizando a la Seguridad Social y, lo que es más gravoso, sin contraprestación alguna, ya que este tiempo, por regla general, según todo lo expuesto, no va a revertir en un incremento de la pensión de jubilación del beneficiario. No es ésta la política de la Seguridad Social actual seguida por el Estado, de forma tal que, se pretende incentivar la prolongación de la vida laboral más allá de los sesenta y cinco años. En este sentido, el artículo 3 Cuatro del Proyecto de Ley de Medidas de Seguridad Social de 23 de febrero de 2007, le da una nueva redacción al artículo 163.2 de la Ley General de la Seguridad Social, incorporando, de este modo, la medida IV 5 a), relativa a los incentivos para la prolongación voluntaria de la vida laboral, del Acuerdo de Medidas en materia de Seguridad Social, suscrito el 13 de julio de 2006 por el Gobierno, la Unión General de Trabajadores (UGT), la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO), la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME). Se regula el supuesto en el que se accede a la pensión de jubilación con más de 65 años, siempre que el beneficiario, al cumplir los 65 años, acreditara el periodo mínimo de cotización exigido en el artículo 161.1 b) del la Ley General de la Seguridad Social. En estos casos,  se le reconocerá al beneficiario un 2 % adicional por cada año completo transcurrido entre la fecha en la que cumplió 65 años y la del hecho causante de la pensión de jubilación. Si, al cumplir los 65 años, hubiera acreditado, al menos, 40 años de cotización, el porcentaje adicional será del 3 %. En la redacción actual del artículo 163.2 de la Ley General de la Seguridad Social, sólo se podrá aplicar el 2 % adicional, cuando el beneficiario, al cumplir los 65 años, tuviese acreditados 35 años cotizados. Esta medida debería extenderse al régimen de la jubilación de los Jueces y Magistrados, incrementándose, al menos, en un 2 % o, en su caso, en un 3 %, el importe de la pensión de jubilación por cada año de prestación de servicios entre los 65 y los 70 años. Y afirmo que, al menos ese porcentaje, porque el carácter obligatorio de la prolongación de la vida laboral debería verse retribuido en mayor medida y, podría incrementarse este porcentaje. 

Por otro lado, establece el Proyecto de Ley de Medidas de Seguridad Social que, al importe de la pensión así obtenida, según la redacción del Proyecto, se le aplicará el tope máximo de pensiones, de conformidad con el artículo 47 de la Ley General de la Seguridad Social. Ahora bien, cuando la pensión reconocida alcance este límite, sin haberle aplicado el porcentaje adicional o, sólo habiéndoselo aplicado parcialmente, se reconoce el derecho del interesado a percibir una cantidad anual equivalente al importe que resulte de aplicar al límite máximo, los porcentajes adicionales no aplicados para determinar la cuantía de la pensión, redondeado a la unidad más próxima por exceso. Esta cantidad se abonará en catorce pagas, por meses vencidos. Y, además, la suma de esta cantidad y de la pensión, no podrá superar el importe de la base máxima de cotización, vigente en cada momento. Bueno, aquí el legislador expresamente reconoce una excepción a la regla general de aplicación del tope máximo de pensiones, lo que es importante a los efectos que nos interesan, ya que no sería el único caso el de los Jueces y Magistrados.

2. La incapacidad permanente y las prestaciones de muerte y supervivencia.

Las mismas medidas expuestas para incrementar el importe de las pensiones de jubilación de los Jueces y Magistrados, deben aplicarse para el cálculo de la pensión de incapacidad permanente y de las prestaciones de muerte y supervivencia.

4.Las mejoras voluntarias.

La autonomía de la voluntad juega un importante papel en el establecimiento de las mejoras voluntarias de la Seguridad Social. Por su propia naturaleza mejoran las prestaciones de la Seguridad Social, por lo que podrían adoptarse en relación con la pensión de jubilación, la incapacidad permanente y las prestaciones de muerte y supervivencia, consistiendo en el abono de una cantidad a tanto alzado por una sola vez, o en el abono de una cuantía periódica, por ejemplo, de vencimiento mensual, como un complemento de la prestación. Personalmente, considero que constituirían una buena medida de carácter transitorio, mientras se llevan a cabo las reformas propuestas, para garantizar a los Magistrados que, próximamente, en un futuro inmediato, se jubilen o sean declarados en situación de incapacidad permanente o, en su caso, a sus causahabientes, unas prestaciones más justas. Por otro lado, la forma menos gravosa de hacerlas efectivas sería a través de la cobertura de las contingencias mediante un seguro colectivo, que es el medio utilizado por la mayoría de las empresas, impuesto incluso en los propios Convenios Colectivos.

5. Los Planes de Pensiones.

Los Jueces y Magistrados españoles somos beneficiarios de un Plan de Pensiones del Sistema de Empleo. La medida es muy acertada. El problema radica en la cuantía de las aportaciones que ingresa el Ministerio de Justicia, poco más de un centenar de euros al año, lo que la convierte en simbólica, ya que las prestaciones del Plan, cuando llegue la contingencia protegida, serán mínimas y, en modo alguno, se conseguirá la equiparación de lo percibido a las retribuciones en activo. Es absolutamente necesario que se incremente, de forma decisiva, las aportaciones al Plan de Pensiones. 

Para terminar, quiero indicaros que estas son unas breves notas sobre la ponencia, que si os parece bien, desarrollaré oportunamente durante el Congreso.

Saludos cordiales,
Ana Orellana.


A RETRIBUCIÓN JUDICIAL
Comunicación presentada por el Ilmo. Sr. D. Fernando De la Torre Deza (Andalucía Oriental)

Reconocer que la retribución judicial es escasa e insuficiente, es algo que no se puede ignorar ni soslayar por mas tiempo, tal vez porque dura ya demasiado y cuando un problema no se afronta y se pospone su solución de manera continúa, se corre el riesgo de que se pudra y se creen situaciones que a nadie apetecen y que serían de difícil arreglo.

Tal vez hace cien años este problema podría resultar extraño. Sin duda, si bien la razón no era otra que el que el juez provenía de una extracción social determinada, llamémosla de clase alta y pudiente, y como tal gozaba de unos recursos propios que le permitían no tener que depender del sueldo para atender a sus necesidades económicas. Ello de por si no suponía que la situación no fuese la justa, lo que ocurría es que el problema, entendido éste como aquella cuestión que precisa de una solución para evitar unos resultados perniciosos y negativos, como tal no existía. Pero ahora no, ahora resulta que la inmensa mayoría de los jueces ni provienen de esa extracción social, ni tienen fortuna propia, viéndose necesitados de vivir exclusivamente, visto el riguroso régimen de incompatibilidades, de su sueldo de su sueldo.

Para tratar de solucionar dicho problema en el año dos mil tres se aprobó la ley de retribuciones de la carrera judicial y fiscal, y en este punto, es verdad que con ella se cumplió el mandato normativo relativo a que la cuestión fuese regulada por ley, pero aparte de dicha observancia, el problema material, utilizando la terminología procesal, la cuestión de fondo, sigue en el aire, sigue imprejuzgada, en tanto en cuanto entonces lo que únicamente se hizo fue una actualización encubierta de sus ingresos, consecuencia de la congelación acumulada de las sucesivas subidas inferiores a la infracción. Y ello  fue así porque los jueces, conscientes de que las condiciones de la nación impedían afrontar hasta sus últimas consecuencias el  problema, optaron, por un sentimiento de solidaridad, con renunciar temporalmente a sus pretensiones el aras al interés general – hecho que conviene resaltar al menos para que se les reconozca -,pero ahora no, ahora que las condiciones económicas han mejorado, al menos eso dicen y hacen gala los gobernantes, procede afrontarlo de una manera firme, valiente y sosegada y para ello entendemos que hay que partir de los siguientes presupuestos:

1º   El mandato legislativo respecto al sistema retributivo judicial no queda cubierto por el simple hecho de que se haga por ley, pues ello supondría reducirlo al aspecto formal y no material, dicho coloquialmente, para ese viaje no hace falta alforjas; y es que el problema no queda cubierto porque el art 402. de la L.O.P. Judicial establece con claridad que la finalidad de su regulación por ley no es otra que garantizar la independencia económica mediante una retribución adecuada a la dignidad de la función jurisdiccional.

2º El sistema retributivo ha de tener su propia singularidad vistas las características de la función judicial que sabido es es el ejercicio de la potestad jurisdiccional, lo que es conveniente y hasta obligado recordar, pues a menudo se olvida, que la resolución judicial no es equiparable a la de otra persona o institución pues mientras que ésta es revisable, la jurisdicción no lo es. De ello se deriva una especial responsabilidad que como tal tiene que ser reconocida retributivamente.

3º Que dicha singularidad no debe de impedir que se puedan crear otros conceptos retributivos no contemplados para los funcionarios en general, pues no entenderlo así supondría que el sistema retributivo no fuese sino una simple categoría del de éstos, siendo un fiel trasunto del para ellos establecido, con lo que volveríamos al principio, es decir, el problema solo se habría solucionado en su aspecto formal y no en el fondo. Que el juez es un funcionario, es verdad, pero es un funcionario singular. También el notario es un funcionario y sin embargo atendida su función tiene un régimen retributivo especial.

4º En cuanto a la retribución por objetivos y vista la sentencia del T. Supremo, como sistema general no es posible aceptarla entre otras cosas porque sería de imposible realización en la práctica sin vulnerar lo que en dicha resolución se dice.

5º Por todo ello cabría, y visto que el año próximo procede la revisión quinquenal de la ley de retribuciones, proponer las siguientes reformas:

A—El sueldo  base debe ser incrementado atendida la responsabilidad de la función. Si se entendiese que no corresponde el incremento en el sueldo base, en todo caso procedería incrementar el complemento específico con una cantidad básica y común para todos los jueces y magistrados, la cual gradualmente subiría a la vista del cargo que se desempeñase.

B--  La incompatibilidad debe igualmente ser reconocida como parte del complemento específico, sin que pueda argüirse que ella es consustancial a la función, pues no solo ello no es verdad en el sentido de que podrían autorizarse una serie de compatibilidades que en nada afectarían a la independencia o imparcialidad, sino porque el que vaya insita a la función no niega en si misma el concepto ni las consecuencias económicas que se derivan de ello.

C—Habría que remunerar como concepto similar a los trienios la inamovilidad, pues lo que no es aceptable es que se trate de conseguirla a través de un mandato normativo, pues una cosa es que los jueces no puedan ser removidos por un tercero y otra que no se pueden mover por ellos mismos. Por eso sería necesario que cada tres años de permanencia en el destino y a modo del trienio, se incrementase el sueldo en un cinco por ciento.

   


LA ÉTICA JUDICIAL
Comunicación presentada por el Ilmo. Sr. D. Fernando De la Torre Deza (Andalucía Oriental)

“Honeste vivere, alterum non laedere et suum cuique tribuere”. Ulpiano

Cualquier actividad humana necesita dos elementos para que su resultado sea el apetecido: uno, que se cuente con los medios necesarios e imprescindibles para lograr el fin que se pretende y otro, que la conducta del que la realiza agote al máximo las posibilidades de que el resultado que se vaya a alcanzar sea el esperado.

Ahora bien, mientras que en otras actividades se cuenta, digamos con la ventaja de conocer con anterioridad a que se lleve a cabo con el resultado que se esperaba, de tal manera que se puede contrastar y comparar éste con aquella, a la par que en su desarrollo uno solamente se ve obligado a actuar conforme a una serie de reglas objetivas indiscutibles, en la actividad judicial lo característico es que por un lado el resultado a obtener no viene definido con anterioridad, sino que se define a si mismo al concretarlo el juez, lo que hace que no exista un elemento de contraste para determinar el grado de acierto de la resolución, y por otro lado porque las reglas de su actuación hay que definirlas en cada caso concreto, ya que aunque hay una serie de reglas que tratan de regular la misma, éstas son insuficientes para lograr el objetivo último, limitándose las mismas a regular una serie de requisitos formales y externos; así por ejemplo se nos dirá que las sentencias tienen que ser congruentes, exhaustivas, motivadas etc., pero  el problema no es que las sentencias sean congruentes, exhaustivas y motivadas, lo cual es exigible y cierto, el problema es que las sentencias, ante todo deben de ser justas, y llegados a este punto ¿ como y cuando puede determinarse que una sentencia es justa, cuando es precisamente la jurisdicción la que en principio define y determina en cada caso la justicia?.¿Que pautas, que modelos de conducta que principios habremos de seguir para poder alcanzar ese ideal de justicia ?. ¿Cuándo se puede decir que una sentencia es justa?.

Pues bien para poder establecer cuando una sentencia es justa - y no hay que olvidar que la justicia es como decía Aristóteles la virtud ética mas importante, añadiendo y puntualizando el Rey Sabio que los que han de hacer justicia han de tener tres cosas: la primera voluntad de quererla y amarla de corazón, la segunda que la sepan hacer como conviene y pidan los hechos, y la tercera que se esfuercen en cumplirla contra los que la quieren apartar y embargar - no puede sino concluirse que lo será no tanto por el resultado alcanzado sino por los medios utilizados y en concreto cuando se haya ajustado a unos comportamientos éticos, por eso aunque dicha sentencia pueda no se compartida por otro tribunal y por tanto ser revocada, la misma deje de ser justa. Que el sistema necesite, por razones de seguridad jurídica y uniformidad de criterios establecer que una sentencia pueda verse revocada por otra, no prejuzga ni presupone que dicha sentencia inferior no fuese justa ni que lo sea la del tribunal superior, es mas puede no ser ésta la justa. Por lo tanto el juez, cuando emite su pronunciamiento, si en verdad se comportó éticamente, habrá cumplido con creces su función.

La pregunta que entonces surge es ¿Qué medios necesita el juez para que pueda concluirse que su comportamiento ha sido ético?. Pues bien para ello el juez necesita que concurran una serie de medios o condiciones tanto objetivas como subjetivas que le permitan actuar de tal modo.

Entre las primeras, las objetivas, habría que destacar:

1º- La independencia judicial: ésta es probablemente la que mas problemas acarrea en la práctica pues si bien y por un lado en abstracto es fácil reconocerla y defenderla, llegado el caso concreto cuesta aceptarla;  por otro lado porque si bien frontalmente nunca es atacada, si lo es a través de mecanismos sinuosos, torticeros o fraudulentos que como tales son difíciles de desvelar y denunciar, y por otro lado porque la misma no puede sustentarse en el simple estado de ánimo o en el simple querer subjetivo del juez ya que en este sentido es claro que hasta con Hitler o Stalin un juez podía ser independiente, el problema era el precio que había que pagar y en consecuencia cuantos estaban dispuestos a pagarlo.

Por eso la independencia no reposa tanto en la voluntad del juez sino en si existen condiciones objetivas que le permitan ser independiente. Cuestión que a la postre deriva en la que se tratará después en cuanto al deber del juez de denunciar y defender la independencia, no por ser un atributo personal sino una necesidad de la función jurisdiccional. Si el juez no es independiente, la jurisdicción es una patraña.

2ª La imparcialidad del juez: Aquí y si bien ya reposa su conducta ética en su voluntad subjetiva, no quita que también requiera de una serie de condiciones objetivas para que pueda comportarse de manera imparcial, pues si no es así, sino se reconociesen una serie de causas por las cuales el juez pueda verse eximido de fallar en ciertos asuntos en los que sus intereses o estado de animo puedan prevalecer sobre los de la justicia, se le colocaría en una posición incómoda en cuanto que no podría actuar éticamente.

3ª Legalidad: Que la aplicación del derecho es el fin de la actividad del juez es claro y pacifico para todos. Ahora bien, en tanto en cuanto no es lo mismo ley que derecho, y la prueba de ello es que la carrera es de derecho y no de leyes, el problema que surge es cuando la ley puede ser contraria al derecho, entendido éste como el conjunto de reglas que conducen a que el ideal de justicia pueda verse reconocido en cada caso concreto. En definitiva ¿Qué debe hacer el juez cuando la aplicación de la ley puede conducir a resultados injustos?. Aquí la respuesta no  puede ser otra que la de optar por el pleno sometimiento a la ley, pues admitir lo contrario sería tanto como caer en un subjetivismo exacerbado contrario a toda seguridad jurídica, lo que no quiere decir que traten de agotarse todos los medios de corrección de la ley para ajustarla en su interpretación a una serie de principios rectores y socialmente admitidos como inspiradores de todo el ordenamiento jurídico. Principios que son tales y hay que tener en cuenta, no porque se hayan reconocido en un texto positivo sino porque son verdades universalmente reconocidas por la comunidad como ciertas, absolutas y fundamentadotas del ordenamiento jurídico. En este sentido los principios generales serían como decía Savigny, el equivalente a las letras del abecedario, con las cuales se pueden construir todas las palabras, y éstas serían las normas jurídicas elaboradas con ellas.

Ahora bien para conseguir todo esto no basta con que se establezcan una serie de condiciones objetivas, sino que es preciso, para su logro, que el juez observe una serie de condiciones subjetivas a modo de modelos de conducta, entre las cuales y aún reconociendo la imposibilidad de realizar un listado completo habría que destacar:

1ª Profesionalidad: En ella habría que incluir por un lado y como deber ético, el no limitar su función a una simple aplicación mecánica del derecho a modo de juez-funcionario, sino también a no pretender tener la razón última y objetiva, sino simplemente a expresar sus razones. El juez tiene que ser consciente de que no tiene que tener razón sino razones y cumple con su deber cuando expone éstas. Por eso ha de cultivar la humildad  y no llegar a creerse que todo lo que hace es lo objetivamente acertado.

2ª Prudencia: La prudencia entendida como forma de actuar  cautelosa y sosegada, requiere no dejarse llevar ni por la pasión ni por las prisas. No hay que olvidar que mas allá de la jurisdicción está el caos en tanto en cuanto no es posible revisar lo que esta resuelve; por eso cuando se pronuncia ha de hacerlo de manera sosegada, tranquila y serena.

3ª Honestidad : Englobando en dicha expresión y como sinónimo de decencia, honradez, probidad y rectitud, el juez debe de actuar en conciencia y no dejarse llevar por intereses particulares ni por principios subjetivos, pues aun cuando para él sean los acertados, pueden no serlo para el sentir social y salvo éste pueda transgredir los principios universales a que antes hemos aludido- por ejemplo la dignidad de la persona y sus derechos inalienables- debe, en principio, de prevalecer el sentir social.

Aparte de estas tres condiciones se podrían establecer otras, si bien como compendio de todas ellas bien podrían traerse a colación las que se recogen en Las Partidas cuando establecía que los jueces “ han de ser leales y de buena fama, sin mala codicia y que tengan la sabiduría para juzgar los pleitos derechamente por su saber o por el uso del tiempo”, y que sean mansos y de buena palabra para quien acude al juicio ante ellos.

LA  ÉTICA DE LA ACCIÓN

La pregunta que surge al respecto es resolver si cuando el juez observa que los medios de los que dispone o las condiciones ajenas a él y sobre las que no puede disponer, ponen en peligro que su función no se desarrolle de la manera deseable conforme a las exigencias éticas antes mencionadas, si es ético que mantenga una actitud silente justificándose en entender que corresponde a otros poderes o instituciones velar porque las condiciones objetivas sean las idóneas para cumplir su cometido jurisdiccional. En otras palabras ¿es ético que el juez, consciente de que la independencia es atacada, se quede impasible arguyendo que a otros corresponde velar por ella?. Sin duda la respuesta que a todos apetece es sencillamente que no, que el juez debe de rebelarse ante tal situación y en consecuencia no solo denunciar la misma sino también tratar de luchar porque las condiciones objetivas sean las adecuadas para que la independencia sea una realidad, con lo cual la segunda pregunta que surge es, y llegado el caso ¿Qué hacer?, ¿basta la simple denuncia a las instituciones que en principio tienen el deber de defender la independencia?,¿ se agota su deber ético con ello o  por el contrario y si éstas no responden en consecuencia, debe el juez actuar por si solo?. Dicho en términos del derecho procesal-penal ¿ hay un monopolio de la acción en defensa de la independencia o por el contrario es compatible con una acción popular?.  Aquí la respuesta creemos que debe de ser afirmativa y ello porque si bien en principio el ordenamiento jurídico, que no es sino un sistema de atribución de competencias del actuar humano, es quien determina que competencia corresponde a cada uno, ello no impide que cuando los mecanismos encargados de velar por su efectividad, no actúan surja una situación de legítima defensa.. En este punto y como el interés en juego trasciende de la propia persona del juez, es clave la actuación colectiva, para lo cual las asociaciones deben de tener un papel de extraordinaria importancia.

Establecer lo contrario es decir, concluir que el juez debe de limitarse a juzgar casos concretos y todo lo que excede de eso es responsabilidad de un tercero, supone reducir su función social del juez a la de simple ejecutor de leyes, en definitiva a la del juez-funcionario, y convertir las sentencias no ya en la ley del caso concreto sino al reglamento del caso concreto. Por eso, si o bien las condiciones de trabajo, por escasas o agobiantes, son desajustadas con relación al fin a alcanzar, que no es de olvidar que no es otro que el dictado de una sentencia justa, de tal manera que no se puede obtener, o bien el juez puede verse inquietado, como una espada de Damocles por el hecho de que en cualquier momento tenga no ya que suspender, sino dar explicaciones sobre su actuación sin otra causa que una presión mediática que quien tenía que detenerla, lejos de hacerlo se deja arrastrar por ella, es un deber ético denunciarlo y, pasando a la acción tratar de terminar con tales condiciones o conductas

Afirmar en su contra que el sistema ya está establecido y por tanto al tener cada uno asignada su función, no es posible atribuirse lo que a otros corresponde, es pretender, utilizando la  terminología marxista referida a la historia, y aplicándola al derecho, que el derecho se ha consumado y por tanto ha llegado a su fin.

El control legal no es incompatible con el control social, por eso la ética del juez no debe de agotarse en el hecho de resolver un caso concreto, sino que debe extenderse y abarcar a que las condiciones objetivas para poder juzgar debidamente sean ciertas y reales, pues éstas son un presupuesto necesario para su actuación, y si los mecanismos legales, por la razón que sea, no dan respuesta, debe de cubrir dicho vacío y actuar en consecuencia. ¿Qué ello le va a reportar no solo sinsabores sino incluso reproches y hasta responsabilidades, cierto, pero si de ética hablamos no  podemos sino soportar el riesgo, so pena de que todo se quede en elucubraciones teóricas que a nada conducen, para lo cual es mejor dejar de escribir y dedicar el tiempo a otras cosas.

Ya por último no queda sino establecer si es necesaria o al menos conveniente la elaboración de un código ético en el que se recojan los principios deontológicos de la profesión. Pues bien aun reconociendo que con ellos se conseguiría una cierta función pedagógica, es preferible no establecerlo, pues no solo no hay necesidad sino que al ser elaborados y normados se correría el riesgo de que solamente lo en dicho código establecidos, serían reconocidos como tales, con lo que la ética se vería “positivizada” y por tanto negada a si misma. Siempre es preferible que la sociedad sea la que marque las pautas de actuación ética a que lo sea el  legislador.


INDEPENDENCIA JUDICIAL
 Sra. Dª. Celia Belhadj Ben Gómez.
Magistrada Juez Juzgado De Primera Instancia Núm. Tres De Sevilla.

Independencia judicial como garantía del ciudadano, certero planteamiento para una exigencia del Estado de Derecho. Brevemente y para establecer su origen el Poder Judicial nace con su concepto mismo y deriva de la división de poderes. La idea de independencia judicial va unida a la concepción de Estado Constitucional. Es el tercer poder del Estado y garante de las leyes, sometido a su imperio, lo que con la evolución de los tiempos y para consolidar su naturaleza llevó al establecimiento de la inamovilidad y remuneración estable y permanente de los jueces- Constitución francesa de 1791-. Los jueces se nombraban por elección si bien poco después, 1799, se consideró que el juez no debía tener ninguna participación política, por lo que se optó por aislarlo de la sociedad, presentándolo como una instancia neutra de solución de conflictos; nace el juez funcionario. Como decía Montesquiau, “ el instrumento que pronuncia las palabras de la ley”, sometido a su imperio.

Actualmente se ha venido a identificar la independencia judicial en su aspecto orgánico y funcional; no es un concepto absoluto sino relativo. Así destaca en sentido jurídico la imparcialidad y objetividad, diferente de la neutralidad y que tienen que ver con una actitud. La doctrina contemporánea viene a diferenciar entre independencia objetiva y subjetiva, interna y externa, autonomía del Poder Judicial y la independencia personal de Juez.

Independencia institucional o estructural, que tiene mucho que ver con el sistema de elección de sus miembros y órganos de gobierno.
Independencia objetiva y orgánica basada en la inmunidad organizativa, funcionamiento administrativo e instrumental de los tribunales. La función como acto formal y también humano y social. El fin último es asegurar desde luego la actuación correcta y objetiva del juzgador. Combinar justicia material, conocimientos técnicos y certeza jurídica aplicada al caso concreto con plena objetividad y libertad de criterio dentro de los parámetros de la ley.

Exclusividad en el ejercicio de la función adecuadamente retribuida- jueces independientes y predeterminados por la ley, presupuesto indispensable del Estado de Derecho-. Independencia objetiva del Poder Judicial, ausencia de presiones externas, tanto de otros poderes como de superiores jerárquicos. Independencia interna, sometimiento a la ley, acceso a la carrera judicial, nombramientos, inamovilidades, garantías económicas, etc...

La independencia judicial va unida a otros aspectos como son la administración de justicia, función judicial y defensa de la constitución. Ésta última se anuda al aspecto económico, inmunidad, y por último sistema de elección de jueces y magistrados. Elección miembros del CGPJ.

Se hace necesaria siquiera un breve mención a los medios de comunicación social y derecho de información. Retribuciones, capítulo aparte y controvertido en su ejecución con el sistema de módulos anulado por sentencia del Tribunal Supremo y las soluciones provisionales dadas al problema generado.

Inmunidad, garantía de independencia, perfilado en nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial y desarrollado convenientemente en el Reglamento de la Carrera Judicial.

Los efectos de la falta de independencia pueden ser devastadores para un sistema democrático, destaca el informe de Transparency Internacional The Global coalition against corruption. La corrupción judicial promueve la impunidad y menoscaba el estado de derecho, según un nuevo informe de esta coalición. Cuando las Cortes son corruptas resulta perjudicado el ciudadano común, interferencia política por parte del ejecutivo o legislativo y soborno. Para el sistema de elección de jueces, propone soluciones tales como, INDEPENDENCIA, TRANSPARENCIA, RECURSOS ADECUADOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

Coordinadora Nacional sobre Derechos Humanos, Informe sobre la independencia e imparcialidad de Jueces y Abogados en el Perú. Elección miembros del CGPJ

Reseña lentitud paquidérmica en los procesos, expedientes que desaparecen, provisionalidad de jueces y magistrados, interferencia del poder político, legislación de emergencia, impunidad, fueros especiales.

Afortunadamente estos problemas no están enquistados en nuestro sistema perfectamente equilibrado si bien hay que llamar la atención sobre el riesgo de politización desde el momento en que se pactan nombramientos con previsión a toma de decisiones de futuro en el sentido que se avenga a formulas de procedencia interesada.

ACCESO A LA CARRERA JUDICIAL

Selección del juzgador a través de varios filtros, estudios universitarios, exámenes oficiales tras años de preparación, -cuatro años y ocho meses media de tiempo empleado en el acceso, según estudio de la Escuela Judicial-, asistencia a escuela oficial y prácticas profesionales. Y aunque se pueden encontrar defectos y se han arbitrado otros sistemas de acceso para profesionales con años de ejercicio la experiencia ha demostrado que es el medio con más ventajas que permite además continuidad y perfeccionamiento. El problema se presenta cuando la elección se maneja de forma arbitraria tanto para hacer carrera como para acceder a la misma; la discrecionalidad finalmente responde a intereses de clientismo o corporativismo.

El órgano de gobierno de los Jueces ha tenido gran predicamento en los países occidentales, el sistema de control de nombramientos, ascensos y traslados y en general todo el funcionamiento administrativo del Poder Judicial es realizado por este órgano normalmente autónomo y compuesto por miembros de los tres poderes, no en España cuya composición es de todos conocida. Como garante de la independencia debe destacar el elemento objetivo ya reseñado y también el subjetivo o interno, asegurar la autonomía de la estructura judicial e indirectamente erigirse en instrumento de apoyo en la independencia personal del juez.

La contrapartida a la independencia traducida en inamovilidad, legalidad y remuneración es el principio de responsabilidad.

Destacar algunas reflexiones y propuestas de las JORNADAS JUECES DECANOS. SAN LORENZO DEL ESCORIAL 22 DE OCTUBRE DE 2007.
Propuestas sistema de selección se propone restablecer el sistema de selección judicial de doce miembros del CGPJ, en todo caso asegurar la presencia de todas las actitudes y corrientes de opinión de la Carrera Judicial, establecer un régimen de incompatibilidades y un código de conducta basado en la transparencia y que impida el acceso a cargos políticos y de libre designación en la carrera judicial tanto durante el mandato como posteriormente a su finalización, durante un tiempo mínimo de 2 años. Se interesa el fortalecimiento del Consejo, trasladando a éste la totalidad de las competencias que aún detenta el Ministerio de Justicia – selección de jueces y magistrados, determinación de la planta judicial, retribución de los jueces, así como todas aquellas que guardan relación con el Gobierno y organización del poder judicial, a fin de alcanzar el autogobierno y la plena independencia del Poder Judicial. Así como autonomía presupuestaria para el CGPJ.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL,

Este es un gran e interesante debate donde todo lo que se pueda decir puede resultar políticamente incorrecto. Resulta según se ve difícil de conciliar el interés informativo con la realidad de lo transmitido y el respeto a las decisiones judiciales, y yendo más allá a la figura del Juez concreto que pierde toda posibilidad de ejercer discretamente su oficio. Destaca la petición de amparo del Juez Garzón el 9/10/06, en ella explica que “el Consejo debe pronunciarse no sobre si las actividades, declaraciones, artículos de prensa e intervenciones telefónicas” le han ofendido, sino sobre si tales “acusaciones reiteradas y con una difusión extraordinaria de haber prevaricado y coaccionado a testigos con motivo “de su actividad “constituyen un ataque” contra su independencia como magistrado en su actividad jurisdiccional”...”Si el Consejo considera que una campaña de desprestigio profesional y de imputaciones delictivas de la magnitud de la que he sido y sigo siendo objeto con motivo de una actuación jurisdiccional no atenta ni perturba la independencia del juez, entonces debe decirlo así y vincularse a su propia doctrina para el futuro, lo cual contribuirá a dar seguridad jurídica a los miles de jueces que podemos ser objeto de campañas similares”

Maxwell McCombs en un artículo refiere la construcción social de la realidad, la influencia de las noticias sobre nuestras imágenes del mundo, las noticias influyen en muchas facetas de nuestra vida cotidiana, nuestro modo de vestir para ir al trabajo, los planes del próximo fin de semana, nuestros sentimientos generales de bienestar e inseguridad. Estas imágenes provienen de los medios de comunicación, se ha llegado a que solo existe socialmente aquello que adquiere conveniente presencia y reflejo en los medios de comunicación.

Lo que antes era una nota sobre algún crimen se ha visto ampliado a noticia de apertura de informativos, la llamada crónica judicial donde se esta ofreciendo a veces información sesgada e interesada. Cuando lo que se decide no se aviene al “concepto social de justicia material”, y se dictan resoluciones contrarias a lo que se espera pero con técnica jurídica, se crea un estado de opinión en el que según el destino del procedimiento se es “bueno o malo”; se indaga en currículo, estilo de vida o costumbres de quien enjuicia o instruye; trascendiendo a lo que sería mera noticia.

El juez debe ser discreto. El propio juez o tribunal al informar directamente sobre los asuntos que lleva pudiera decir más de lo que debe y le compete un ejercicio de autocontención pues debe saber muy bien lo que dice. Las Oficinas de Prensa, informan si bien el tratamiento en los medios de comunicación dada a esa noticia puede variar y desde luego el comentario. No se trata de cercenarlo pero si de poner unos límites razonables que a todos favorezcan y donde el respeto a la independencia judicial se revele como garantía máxima para todos los ciudadanos que esperan resolver sus conflictos con seguridad jurídica.

En estos casos solo queda el ejercicio de acciones personales- penales o civiles- cuando se cruza el límite y se atenta contra el honor; también a nivel institucional la petición de amparo o apoyo a nuestro órgano de gobierno. Desaparecida la figura del desacato – y consecuente ejercicio de acciones penales de oficio por parte del Ministerio Fiscal-  y antejuicio; la sensación de impunidad es tremenda, porque seamos realistas, poco tiempo queda para un proceso judicial en el que se será parte por haber ejercido la función jurisdiccional y como consecuencia de la misma.

La independencia como característica esencial de la función jurisdiccional acompañada de las expuestas al inicio de esta pequeña reflexión nos lleva a las palabras de Maquiavelo “los principes deben encomendar a los demás las tareas gravosas, y reservarse las agradables”, para que el mecanismo de delegación funcione es necesario que el que impone la pena- el juez- no solamente parezca independiente sino que lo sea.

Haga lo que haga el juez es un sujeto incómodo. Quizá pueda destacarse el modelo italiano. El Consejo de la Magistratura no depende políticamente de nadie y tiene composición mixta, jueces y juristas de designación parlamentaria, no hay Corte Suprema con poder político y los jueces son rigurosamente iguales entre sí en dignidad y en calidad de independencia.

Quien tenga aspiraciones de carrera política o reconocimiento institucional o que le nombren para alguna instancia internacional, es posible que necesite ser grato a determinados centros de poder, ahí empieza la pérdida de independencia porque predispone al juez a servir a quienes manejan sus expectativas de carrera.

La independencia judicial como garantía del ciudadano le permite tener la seguridad de que sus conflictos serán resueltos en derecho y con objetividad. Y a ella van anexas la inmunidad, responsabilidad y retribuciones adecuadas.


LA RESPONSABILIDAD JUDICIAL
Ilmo. SR. D. Fernando de la Torre Deza

En orden a la responsabilidad judicial, desde un punto de vista sistemático procede distinguir, como hace la ley y no podría ser de otro modo, entre la responsabilidad penal, civil y disciplinaria; pues bien, partiendo como premisa  del hecho de que el problema no es  discutir su existencia y por tanto su exigibilidad, ya que es obvia la misma, sino  que el problema es el determinar sus límites,  habría que establecer lo siguiente:

RESPONSABILIDAD  PENAL:

En cuanto a ella, convendría unificar los criterios determinantes del fuero, pues por un lado no se alcanza a comprender la razón del distingo de porqué a un magistrado de la A.N. o del T.S.J. lo enjuicia el T.S. y a los demás Jueces y Magistrados el T.S.J., y por otro puntualizar si dicho fuero es extensivo a todos los delitos que puedan cometer o solamente a aquellos realizados en el ejercicio del cargo, ya que mientras que el art. 57.3 de la L.O. y en cuanto a  los Magistrados de la A.N. y del T.S.J. no distingue, el art. 73.3-B, en cuanto a los Jueces y Magistrados, solamente la contempla para los delitos cometidos en el ejercicio del cargo. Esta distinción carece de razón objetiva que la justifique pues la distinción orgánica de los tribunales no puede trascender a la responsabilidad del Juez.

En dicho particular se propone que de todos los delitos que pueda cometer un Juez o Magistrado –salvo los del T.S. que conocería dicho tribunal- conocerá el T.S.J., limitando la distinción entre delitos cometidos en el ejercicio del cargo y los demás, a los simples efectos de la competencia territorial y al trámite a seguir, pues aún cuando el delito pueda ser de los que no se cometen en el ejercicio del cargo, al poderse derivar del mismo consecuencias sancionadores, entre ellas perder la condición de magistrado según el art. 379 de la L.O., parece oportuna dicha puntualización.

En orden al procedimiento a seguir, sería conveniente establecer que toda querella que se presente contra un Juez durante la instrucción, tramitación o enjuiciamiento de un proceso, para poder ser admitida a trámite deberá contar con el asentimiento del M.Fiscal; ello para evitar la presentación de querellas cuya finalidad no es otra que perturbar el ánimo del Juez y lograr una ventaja procesal en el procedimiento del que deriva.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

En orden a la responsabilidad civil y por lo que se refiere al fuero, procedería estar a lo antes dicho para la responsabilidad penal, no así en cuanto al trámite pues éste debe de realizarse por los trámites de la L.E.C. sin ninguna especialidad.

No obstante lo anterior si convendría puntualizar lo siguiente:

En primer lugar no es de recibo que se exija sin mayor concreción, en el art 411 de la L.O. por dolo o “culpa” , pues en todo caso y dejando aparte el dolo,  el concepto culpa, sin más, resulta en exceso inconcreto, genérico o gravoso, máxime cuando el art. 296 de la L.O., al establecer la responsabilidad del Estado por error judicial únicamente la hace extensiva a los supuestos de dolo o”culpa grave”, es decir que aquí no se contempla el supuesto de culpa en general sino de culpa grave.

En segundo lugar y a modo de norma interpretativa – interpretación auténtica- sería necesario que la ley dejase claro que cuando un Juez desarrollase su trabajo superando los límites establecidos en el baremo, no se viese sometido a responder por dolo o culpa, respondiendo solo el Estado, que a la postre es el causante del riesgo, o bien se entendiese que si acepta dicha circunstancia y con su trabajo acelerado contribuye a que el riesgo latente lo haga efectivo, deba de presumirse la culpa.

En todo caso y si lo anterior no se compartiese si sería necesario unificar los distintos criterios establecidos en el art. 296 y 411 de la L.O. y dejar claro que la responsabilidad del Juez sería exigible no por dolo o culpa sino por dolo o” por negligencia inexcusable” y ello porque es ésta la expresión que se sigue en el C.Civil para cuando se trata de la responsabilidad de los profesionales del derecho, arts.705 y 715, pues no resulta oportuno que una ley como la orgánica, que tiene una naturaleza no sustantiva, utilice expresiones distintas, cuando no contrarias, a las del derecho sustantivo.

LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA

El problema que surge en cuanto a la responsabilidad disciplinaria es el concerniente no a la responsabilidad en si, que nadie niega que deba de exigirse, sino el concerniente al uso que de la normativa que la regula, se pueda hacer, pues no se puede ignorar que un uso indebido por parte de quien tiene reconocidas las facultades de su exigencia puede perturbar innecesaria y gravemente, el animo del Juez no pudiendo argüirse  que ello ha tenido por causa el satisfacer los legítimos intereses de un tercero, bien sea un particular bien sea la sociedad general, pues el interés superior, que en ningún caso se puede ignorar no es otro que el que la jurisdicción se pueda pronunciar de manera independiente e imparcial así como que la fama del Juez no resulte puesta en entredicho, pues actuando así se tiene la sensación, a modo de la espada de Damocles, de sentirse vigilado y espiado, hasta el punto de que si bien no se ve sometido a una censura previa si tiene que someterse a una especie de autocensura.

De lo anterior se concluye que al contrario que ocurre con la responsabilidad penal o civil en el que los problemas son de carácter puramente legal, en la responsabilidad disciplinaria dichos problemas no son solo de carácter legal sino que se extienden al uso concreto que de la misma se hace o puede hacer, por lo que las soluciones deberán de pasar, por un lado a reformar bien los tipos sancionadores, bien las faltas, bien el tramite.

Para ello habría que adoptar las siguientes reformas:

1º Supresión de las diligencias informativas: Aun cuando en principio pudiera concluirse la bondad de éstas, en tanto en cuanto impiden la apertura directa de un expediente hasta que el órgano encargado se ilustre, lo cierto es que por un lado el uso  abusivo que se ha hecho de las mismas, al igual que en materia penal se puede hacer con las diligencias indeterminadas, no compensa el fin para que fueron establecidas; por otro lado sitúan al juez en una posición incómoda en cuanto que sin cargo concreto alguno pero si con una sospecha de que su actuación puede ser sancionable, tiene que justificar su conducta por el simple hecho de que un tercero que no vio atendidas sus pretensiones afirma que incurrió en responsabilidad, y por otro lado porque cara a la opinión pública suponen una afrenta que no se ve reparada; con ellas, dicho coloquialmente  se deja al  juez a los pies de los caballos. En definitiva y hablando en román paladino es peor el remedio que la enfermedad, siendo preferible la apertura directa de expediente con las garantías que de ello derivan. Al menos con la inquisición las primeras diligencias, que eran el equivalente a las informativas, se tramitaban, entre otros motivos, en riguroso secreto, precisamente para proteger la fama pública del denunciado.

2ª En cuanto a la perseguibilidad de las faltas: Sería preciso que no todas fuesen perseguibles de oficio sino solo a instancia de parte, limitándose la actuación de oficio para cuando se hayan quebrantado deberes propios de su condición de funcionario pero no a aquellas en que lo que se reprocha es o bien el perjuicio que se causa a tercero o bien el no haber observado las normas procesales. En este sentido la contempladas en el art. 417  apartados 3,4,8,9,12 y 13 deberían ser perseguibles solo a instancia de parte.

3ª Supresión de algunas faltas: Habría que reducir el catalogo de faltas a aquellas estrictamente necesarias, evitando la existencia de faltas que por la simple imposibilidad de constreñir y definir el tipo pueden dar lugar a un uso abusivo de las mismas. En este sentido habría que suprimir las faltas contempladas en los apartados 14 y 15 del art. 417 de la L.O.P.J, pues la primera de ellas, no cubre los elementos mínimos del tipo sancionador el hablar de  los deberes judiciales sin mas concreción, y la segunda porque no puede ser objeto de sanción la falta de motivación por grave que sea toda vez que no solo no se alcanza a comprender porqué no se sanciona la falta de congruencia o exhautividad y solo la falta de motivación sino porque además, y lo es mas grave,  la falta de motivación en si misma puede conllevar una intromisión en la función jurisdiccional y atentar a la independencia.

4º Régimen sancionador: Entre las sanciones actualmente establecidas habría que suprimir la del traslado forzoso pues ella atenta a la inamovilidad; los problemas no se arreglan cambiándolos de lugar salvo que con ello se quiera tener siempre una carta a utilizar cuando convenga. Por el contrario sería conveniente la creación de  otras como la pérdida de número en  el escalafón.

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