XVII CONGRESO NACIONAL APM. Palma de Mallorca, nov. 2007
CUARTA PONENCIA: AUTOGOBIERNO DE LOS JUECES: LAS SALAS DE GOBIERNO Y EL PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DE LOS CONSEJOS AUTONÓMICOS DE JUSTICIA
SECCIÓN TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
José Francisco Ceres Montes
Pedro Luis Viguer Soler

 

I. INTRODUCCIÓN.

Actualmente, en sede parlamentaria, se está debatiendo el proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de Justicia de Proximidad y Consejos de Justicia, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (Congreso de los Diputados). Con carácter previo a dicha reforma y, por tanto, de forma poco armónica con ella y violentando la exclusividad legislativa que en materia de organización del Poder Judicial debe corresponder al Estado (art. 149.1 de la Constitución), en algunos Estatutos de Autonomía recientemente reformados, casos singularmente del Valenciano y Catalán, se hacen referencias a la existencia del Consejo de Justicia, pese a que la ley estatal que debe crearlo, aún se encuentra en fase de hibernación parlamentaria.

Respecto de esta pretendida reforma de La Ley Orgánica del Poder Judicial, y otras muchas que la han precedido, lo primero que nos llama la atención es que el Legislador, tras veintidós años de vigencia de la actual Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, reformada en incontables ocasiones, sigue sin tener un criterio predeterminado, moderno y estable de nuestra arquitectura y organización judicial, pareciendo que, en materia tan sensible como la del Poder Judicial y su organización, se viene legislando “a golpe de actualidad” y “al vaiven de los acontecimientos políticos”, contrastando este frenesí legislativo y reformador con la anterior Ley Provisional sobre organización del Poder Judicial de 15 de septiembre de 1870, que pese a su carácter de “provisional” pervivió más de 100 años.

En el presente trabajo abordaremos tanto la situación actual de las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia como de la proyectada regulación de los Consejos de Justicia, dada la situación de incertidumbre legislativa en la que nos encontramos.

II. REFERENCIA A LAS SALAS DE GOBIERNO.

La previsión del Proyecto supone la supresión de las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia en la forma y manera en que han venido siendo configuradas, sustituyéndolas por el nuevo órgano de gobierno cuya instauración se justifica, según se dice en la Exposición de Motivos, en “la necesidad de acomodar el gobierno del poder judicial con el principio autonómico”. Se olvida, de esta manera, que con la creación de los Tribunales Superiores de Justicia y sus Salas de Gobierno con la LOPJ de 1985, se pretendió precisamente la adaptación a esa nueva estructura territorial configurada en la Constitución Española tal y como se desprende de la propia Exposición de Motivos de la LOPJ 1985 que incluso expresamente se refería a la necesidad de desconcentración de funciones del gobierno del Poder Judicial. En dicha Ley se crearon por tanto los Tribunales Superiores de Justicia, para acomodar la estructura territorial judicial con la estructura política de las Comunidades Autónomas y esa acomodación no se limito a las competencias jurisdiccionales del nuevo órgano, sino que contempló también el ámbito gubernativo, a partir de las figuras del Presidente y de la Sala de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia. Por tanto, no existe ninguna necesidad de “acomodar el gobierno del poder judicial con el principio autonómico”, ni de “permitir una desconcentración de funciones en el gobierno del Poder Judicial” que de hecho ya existe y fue consagrada con la LOPJ de 1985; y es que, como se indica en el informe del CGPJ al anteproyecto de reforma de la LOPJ, el Poder Judicial ha sido siempre el Poder del Estado más descentralizado pues aun respondiendo a la idea de unidad, cada Juzgado o Tribunal como órgano integrante de un Poder, se hace presente en todo el territorio nacional.

Quizás sea el momento de resaltar el papel que durante estos 22 años han venido ejerciendo -con seriedad, rigor y efectividad- las Salas de Gobierno, cuyo funcionamiento fue además revitalizado tras la reforma de la LOPJ operada por LO 16/1994 de 8 de noviembre, mediante la creación de las comisiones que agilizaron su funcionamiento (dado el incremento de miembros natos y correlativamente, el de electos, lo que suponía que dichas Salas fueran ingobernables ante el elevado número de sus miembros). En suma, el funcionamiento de las Salas de Gobierno ha sido, desde su creación y hasta el momento presente, satisfactorio, y el balance realmente positivo, lo que no implica que su régimen jurídico no sea susceptible de perfeccionamiento. Además, debe destacarse que las Salas de Gobierno, junto con los Jueces Decanos, constituyen hoy los únicos ámbitos de genuina democracia interna en el gobierno judicial. Con la creación de los Consejos de Justicia el número de miembros electos de procedencia judicial pasará de la mitad a un tercio, por lo que se reduce notoriamente (lo que por otro lado no sucederá en las Salas de Gobierno de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, que mantienen su actual régimen, creando una indeseable asimetría). Asistimos pues a un evidente proceso dirigido al debilitamiento de dichos órganos de gobierno, y sobre todo, a su control político, a pesar de que han funcionado satisfactoriamente y de que no existe motivo alguno que justifique la reforma; en suma, los órganos de gobierno realmente representativos (y por ende verdaderamente independientes) están siendo objeto de un proceso de acoso y derribo. Baste a tal efecto destacar, por ejemplo, que los Decanatos son un órgano de gobierno a extinguir y de hecho han sido paulatinamente “vaciados” de sus tradicionales competencias, hasta el punto de que su futuro resulta realmente incierto (al menos el de los Decanatos de las grandes ciudades o con Jueces Decanos liberados de funciones jurisdiccionales), y ahora se pretende también la desaparición de las Salas de Gobierno y su sustitución por las Consejos de Justicia, cuyos miembros dejan de ser exclusivamente de procedencia judicial, lo que responde no tanto a un deseo de fortalecer dicho órgano de gobierno sino de cercenar su representatividad en el ámbito judicial y por ende su independencia, en respuesta a pretensiones extrañas a lo judicial y a indisimulados anhelos de control político y sometimiento a exigencias nacionalistas y/o soberanistas y de descentralización del gobierno del Poder Judicial. Además el resultado será, sin duda, como se expondrá más adelante, el anquilosamiento del órgano de gobierno judicial en el ámbito autonómico, dado el enorme número de sus miembros, al que por otro lado se pretende trasladar -al menos respecto de parte de sus miembros-, y de nuevo desde una incomprensible obstinación, el sistema de designación parlamentaria, que tan nefastas consecuencias ha deparado (ahí está la experiencia del CGPJ), esto es, no solo no se corrige el sistema sino que se importa el error que ha supuesto dicho sistema de extracción parlamentaria que ha privado de representatividad judicial a nuestro máximo órgano de gobierno, que ha quedado sumido en la inoperancia.

III. RELACIONES ENTRE LAS SALAS DE GOBIERNO, LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA Y LOS JUECES Y MAGISTRADOS.

Como ya se ha señalado, las Salas de Gobierno constituyen hoy uno de los dos últimos reductos de auténtica democracia interna en el seno del gobierno judicial, y precisamente por ello su actividad debe ser transparente y de público conocimiento por parte del colectivo judicial, por ello es innegable la trascendencia que tiene la difusión y conocimiento de los asuntos objeto de deliberación y resolución en el Pleno y en la Comisión Permanente, y ello tanto respecto de la Asociación Profesional de la Magistratura como de los Jueces y Magistrados en general. Hay que tener presente que actualmente 79 de los 116 miembros electos de las Salas de Gobierno pertenecen a la APM, y desde el punto de vista estrictamente asociativo, las Salas de Gobierno han sido siempre un foro adecuado para hacer efectivo el conjunto de ideas, valores y principios que defiende la Asociación Profesional de la Magistratura través de sus candidatos electos, dado el compromiso asociativo que conlleva el hecho de aceptar el formar parte de la candidatura y ser elegido para desarrollar funciones representativas, siendo de destacar, además, el papel que han venido desempeñando los Coordinadores de las Salas de Gobierno en aras a una deseable actuación unitaria y coherente de las Salas de Gobierno de todo el territorio nacional por parte de los miembros de la APM. En este sentido la conexión entre las Salas de Gobierno y las Secciones Territoriales es fundamental, por ende debe existir un flujo constante de información sobre los asuntos tratados en el órgano de gobierno, y por ello sería conveniente que se generalizara la remisión a las Secciones Territoriales de la APM de copia de los asuntos de relevancia tratados en cada una de las sesiones de la Comisión Permanente, siempre que sea conveniente su conocimiento y difusión general. En el mismo sentido, los miembros de las Salas de Gobierno deben dar cuenta a los Jueces y Magistrados de las decisiones adoptadas que les afecten directamente y sobre todo, deben servir de enlace para trasladar a las Salas sus inquietudes, canalizándolas, como regla general, a través de las Juntas de Jueces y de los Jueces Decanos, siempre dentro de los límites que, en cuanto a la publicidad de los acuerdos de las Salas de Gobierno, se desprenden del reciente Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 18 de julio de 2007 que ratificó el de fecha 3 de julio de 2007 de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
No obstante, como hemos adelantado, hoy nos encontramos en una situación de incertidumbre legislativa que pivota entorno a dos posibles opciones, por un lado la posible permanencia de las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, por otra, la previsible creación de los Consejos Autonómicos de Justicia, que ya han sido regulados y previstos en algunos estatutos de autonomía, por lo que parece conveniente ahondar en los pormenores de dicha reforma y realizar las pertinentes consideraciones críticas. En todo caso, lo dicho hasta este momento en cuanto a las relaciones de las Salas de Gobierno con la Asociación Profesional de la Magistratura y los Jueces y Magistrados es trasladable a dichos Consejos de Justicia, en el caso de que efectivamente lleguen a ser una realidad.

IV. EL INCIERTO FUTURO DE LAS SALAS DE GOBIERNO. ASPECTOS ESENCIALES DEL PROYECTO DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL. LOS CONSEJOS DE JUSTICIA.

Dejando de lado, lo relativo a la Justicia de Proximidad, que también venía incluida en dicho proyecto de ley (y cuyo adecuado análisis precisaría de una comunicación ad hoc, además de que, parece afortunadamente, que su tramitación parlamentaria va a continuar “congelada”), en lo relativo a los Consejos de Justicia, diremos a grandes rasgos, que las líneas fundamentales de la pretendida reforma, que pretende acomodar el gobierno del Poder Judicial con el principio autonómico de desconcentración de funciones en el gobierno interno del mismo, además de reformar el sistema de elección de los miembros de las Salas de Gobierno, son los siguientes:

  1. Desaparición de las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia como tales: Ya que, salvo el mantenimiento de las mismas en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo, en los Tribunales Superiores de Justicia son absorbidas por los nuevos órganos denominados Consejos de Justicia.
  2. Su composición: Al incorporar, además de a los tradicionales miembros de las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, a juristas de reconocido prestigio, elegidos por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas con más de diez años de ejercicio profesional, que constituyen una tercera parte de sus miembros, y el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia y los Decanos liberados de funciones jurisdiccionales (art. 148 bis.1).
  3. Sus funciones: Ya que, además de mantener las tradicionales funciones de las Salas de Gobierno antes mencionadas, debe realizar informes sobre los nombramientos discrecionales de cargos judiciales ubicados en la Comunidad Autónoma respectiva, ejercer las competencias que le delegue el Consejo General del Poder Judicial o asumir las competencia en materia de justicia que le atribuyen los Estatutos de Autonomía.
  4. Modificación del sistema electoral de los miembros de las Salas de Gobierno: Implantando un sistema tendente, según la Exposición de Motivos, a reflejar la pluralidad de opiniones existente en la Carrera Judicial.
  5. Órganos que se comprenden en los Consejos de Justicia: Estos, además, del Presidente, Pleno y Comisión Permanente, está la denominada Comisión Judicial. La Comisión Permanente está integrada por seis miembros (dos natos, dos elegidos por los miembros de la Carrera Judicial, y dos elegidos por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas), correspondiendo al Pleno su designación. La Comisión Judicial, está integrada por los dos miembros natos y por los dos jueces o magistrados que componen la Comisión Permanente.
  6. Régimen de recursos: Previsión de irrecurribilidad ante el Consejo General del Poder Judicial cuando los acuerdos hayan sido tomados en el ejercicio de las funciones atribuidas por los Estatutos de Autonomía, en el ámbito de competencias de las Comunidades Autónomas, ya que, serán recurribles únicamente ante el Pleno del Consejo de Justicia.

V. ANTECEDENTES: PRONUNCIAMIENTOS PREVIOS DE LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA.

La pretendida reforma generó un comunicado conjunto de tres asociaciones judiciales (Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente) calificando la reforma de “innecesaria y perturbadora”.1

En el XVI Congreso Nacional de la Asociación Profesional de la Magistratura celebrado en el mes de Noviembre de 2005 en la ciudad de Valencia, dentro de la 2ª Ponencia titulada “Modelo de Justicia”, se trató la incidencia de los denominados “Consejos de Justicia”, pronunciándose de forma muy crítica con los mismos, entendiendo que lo que procedía era el fortalecimiento y potenciación de las competencias y grado de autonomía del Consejo General del Poder Judicial y las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia. En concreto, entre otros apartados de las conclusiones, cabe destacar los siguientes: “3) La creación de los Consejos de Justicia Autonómicos provocaría la fragmentación del gobierno del Poder Judicial y propiciar la influencia en él de los poderes políticos, económicos y sociales autonómicos, comprometiendo gravemente la independencia judicial como garantía de la tutela judicial efectiva de los derechos de los ciudadanos, que se verían, de esta forma, notablemente perjudicados, siendo uno de los más negativamente afectados el derecho a la igualdad de todos los ciudadanos”, 5)”…La propuesta de reforma ha sido desfavorablemente informada por el Consejo General del Poder Judicial. Y los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y de Audiencias Provinciales, así como los Jueces Decanos también han hecho patente su desacuerdo. Así las cosas, la Asociación Profesional de la Magistratura proclama como necesaria la inmediata retirada de la propuesta de reforma insistiendo, una vez más, en que la única que procede acometer en materia de gobierno es la tendente a potenciar y fortalecer las competencias y grado de autonomía del Consejo General del Poder Judicial y las correspondientes de las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, y la encaminada a restituir lo que en el año 1985 les fue sustraído a los Jueces: el derecho a designar directamente a los doce vocales de extracción judicial”. Al hilo de lo expuesto es conveniente en esta sede traer a colación las conclusiones alcanzadas en la reciente Reunión de Jueces Decanos celebrada en El Escorial los días 21 a 24 de octubre de 2007, entre las que destaca la relativa a la necesidad de reinstaurar el genuino sistema constitucional de designación judicial de los miembros del CGPJ de procedencia judicial así como la potenciación de las funciones del CGPJ asumiendo las competencias que hoy corresponden al Ministerio de Justicia tales como intervención en la selección de los jueces y magistrados, determinación de la planta judicial, retribución de los jueces, etc... y su autonomía presupuestaria, a fin de alcanzar el pleno autogobierno y mantener incólume la plena independencia del Poder Judicial.

VI. POSICIONAMIENTO ACTUAL DE LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA ANTE LAS REFORMAS DE DISTINTOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA.

Previa a la aprobación de la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, distintos reformas de Estatutos de Autonomía, han hecho referencia a la creación de los Consejos de Justicia.

Así la nueva redacción del art. 33.3 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, tras la reforma operada por Ley Orgánica 1/2006 de 10 de abril, establece “Se crea el Consell de la Justicia de la Comunitat Valenciana. Una Ley de Les Corts determinará su estructura, composición, nombramientos y funciones dentro del ámbito de las competencias de la Generalitat en materia de administración de justicia en los términos que establece el presente Estatuto y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial”.

Por su parte, la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio de reforma del Estatuto de Cataluña, desarrolla ampliamente dichos Consejos de Justicia, en sus artículos 97 a 100, estableciendo que “El Consejo de Justicia de Cataluña es el órgano de gobierno del poder judicial en Cataluña. Actúa como órgano desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial, sin perjuicio de las competencias de este último, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial”, estableciendo como atribuciones, “las que establecen el presente Estatuto, la Ley Orgánica del Poder Judicial, las leyes que apruebe el Parlamento y las que, si procede, le delegue el Consejo General del Poder Judicial”, detallando seguidamente las que se establecen respecto de los órganos judiciales de Cataluña, y entre las que destacan, las de “Participar en la designación del Presidente o Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, así como en la de los Presidentes de Sala de dicho Tribunal Superior y de los Presidentes de las Audiencias Provinciales”, e “Instruir expedientes y, en general, ejercer las funciones disciplinarias sobre Jueces y Magistrados en los términos previstos por las leyes”, “Participar en la planificación de la inspección de juzgados y tribunales, ordenar, en su caso, su inspección y vigilancia y realizar propuestas en este ámbito, atender a las órdenes de inspección de los juzgados y tribunales que inste el Gobierno y dar cuenta de la resolución y de las medidas adoptadas”. Respecto de la composición del Consejo de Justicia, establece, que “El Consejo de Justicia de Cataluña está integrado por el Presidente o Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que lo preside, y por los miembros que se nombren, de acuerdo con lo previsto por la Ley Orgánica del Poder Judicial, entre Jueces, Magistrados, Fiscales o juristas de reconocido prestigio. El Parlamento de Cataluña designa a los miembros del Consejo que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial”.

A su vez, la reciente Ley 24/2007, de 9 de octubre, que modifica la Ley 50/1981, de 30 de diciembre reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, establece la necesidad de dar audiencia al Consejo de Justicia con carácter previo al nombramiento del Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma, cuando los Estatutos de Autonomía prevean la existencia de dicho Consejo de Justicia (art. 35 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en la nueva redacción dada por dicha ley).

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), ante la transformación del anteproyecto de ley que crea los Consejos de Justicia en proyecto de ley, y a la vista de la aprobación y la entrada en vigor de diversas reformas de distintos Estatutos de Autonomía, y la entrada en vigor de la modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que se refieren a estos Consejos de Justicia como realidad tangencial existente, sin dejar de respaldar sus anteriores pronunciamientos, debe realizar las consideraciones que seguidamente se indicarán.

El principio central e irrenunciable de dicha reforma es que debe servir para fortalecer la independencia y autonomía del Poder Judicial, y no para mermarla o fragmentar su unidad, debiendo desaparecer toda previsión, señal o vestigio que pueda minimamente cuestionarla. Por tanto, la esencia de cualquier reforma de esta índole, debe estar presidida por mantener a ultranza dicha independencia, debiendo permanecer el núcleo de competencias esenciales de las actuales Salas de Gobierno, dentro del ámbito de actuación de Comisión Judicial compuesta exclusivamente por miembros del Poder Judicial, como actualmente ocurre, ya que además son los que conocen realmente la realidad judicial cotidiana, reservando al Pleno otras funciones que no afecten al núcleo de la función judicial, como la emisión de distintos dictámenes que puedan ser recabados por el Consejo General del Poder Judicial o por las Asambleas Legislativas o Consejos de Gobierno de las respectivas Comunidades Autónomas en materia de justicia para el supuesto de haberse previsto dicha competencia en los respectivos Estatutos de Autonomía, así como las relativas a infraestructuras, Demarcación y Planta Judicial y demás de índole general sobre la Administración de Justicia, muchas de las cuáles actualmente son objeto de tratamiento en la Comisión Mixta entre la respectiva Consellería de Justicia y Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia. En suma, la incorporación a los Consejos autonómicos de personas ajenas a la judicatura solo debe intervenir en funciones de consulta, coordinación, colaboración o cooperación referidas a los intereses propios de las Comunidades Autónomas y no ejecutivas ni de gobierno.

A su vez, debe realizarse un justo reconocimiento a la labor de defensa de la independencia judicial que dentro del gobierno interno del Poder Judicial ha venido desarrollando las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo. En esa extraordinaria labor ha tenido gran parte que ver la presencia mayoritaria en dichas Salas de Gobierno de Jueces y Magistrados pertenecientes a la Asociación Profesional de la Magistratura, los que, añadiendo una carga relevante a su trabajo jurisdiccional, han plasmado el ideario de independencia de la función jurisdiccional que siempre ha venido defendiendo la A.P.M. En recuerdo de dicha gran labor, proponemos que la denominación de la Comisión que debe tratar los asuntos cotidianos del gobierno interno del Poder Judicial, se denomine “Comisión de Gobierno”, dado además que el Secretario que levanta acta del Consejo de Justicia y de sus distintos órganos sigue denominándose Secretario “de Gobierno”, y que las Salas de Gobierno conservan tal denominación en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.         

Respetando, por tanto, el principio de independencia del Poder Judicial antes indicado, lo que implica que las materias que afecten directamente al núcleo de la función judicial deben seguir siendo conocidas por una Comisión genuinamente judicial, y reconociendo la extraordinaria labor desarrollada por las actuales Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, en relación ya con el concreto contenido del Proyecto de Ley que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial creando los Consejos de Justicia, hemos de realizar las siguientes consideraciones críticas:

1) Entendemos, que no tiene sentido la previsión de dos órganos dentro del Consejo de Justicia, como son la Comisión Permanente y la Comisión Judicial (art. 148 quater del Proyecto). Bastaría con uno de ellos, y dado que es la denominada Comisión Judicial la sucesora de la actual Comisión Permanente, en cuanto que formadas ambas exclusivamente por miembros del Poder Judicial, esta debe el único órgano que junto al Pleno, y además de su Presidente, debe existir. La creación de ambos órganos, Comisión Permanente y Judicial, no tiene justificación razonable alguna, sin que desde luego pudiera serlo el “compensar” al componente judicial en dichos órganos; y desde luego complicará extraordinariamente el funcionamiento de los Consejos de Justicia privándoles de la flexibilidad de la que vino a dotar a las Salas de Gobierno la LO 16/1994 de reforma de la LOPJ. Piénsese que en un mes deberán celebrarse como mínimo siete reuniones (una mensual del Pleno, una semanal de la Comisión Permanente y dos mensuales de la Comisión Judicial, art. 153.1º en relación con art. 148 sexies párrafo 1º), lo que supone un sensible incremento de la dedicación a tareas gubernativas que requerirá prácticamente dedicación exclusiva de los miembros como se destaca en el informe del CGPJ. Además en las Comunidades Autónomas extensas, con muchas provincias (Castilla León, Andalucía) el elevadísimo número de miembros va a suponer en la práctica el total anquilosamiento del órgano de gobierno dada su enorme dimensión lo que conllevará una indeseable burocratización de su función.

2) En cuanto a la designación por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas de los juristas de reconocido prestigio con más de diez años de ejercicio profesional, que en número igual al de miembros natos se integrarán en los Consejos de Gobierno (art. 148 bis y 148 ter), se ha de destacar el desproporcionado número de miembros que se prevén, lo que –de nuevo- puede obstaculizar el ágil funcionamiento del Consejo, no existiendo justificación razonable tal número de nombramientos, que deberían quedar notoriamente reducido. A su vez, no se prevé un catálogo claro y concreto de incompatibilidades de dichos juristas, lo que es más necesario cuando pueden compatibilizar el ejercicio de su profesión con la incorporación a dichos Consejos de Justicia, debiendo preverse la aplicación de causas de abstención a sus miembros. Y finalmente, hemos de concluir, en consonancia con lo anteriormente indicado, que los juristas elegidos deben integrarse directamente en el Pleno del Consejo de Justicia, y no en Comisión Judicial, de Gobierno o Permanente alguna, participando en funciones meramente consultivas o de cooperación o coordinación con las Comunidades Autónomas.

3) A la denominada Comisión Judicial, integrada exclusivamente por Jueces y Magistrados, no puede hurtársele el conocimiento de materias que afectan al núcleo del Poder Judicial y que pueden incidir en el ejercicio de su independencia. Así, no sólo debe quedar bajo competencia de dicha Comisión cuestiones cotidianas de actuación de los órganos jurisdiccionales (como aprobación de normas de repartos, turnos para la composición de Salas y Secciones, etc) sino en particular debe conocer de otras materias sumamente relevantes como la disciplinaria.

4) La falta de límites a la delegación de facultades por el C.G.P.J. a las Comisiones de Justicia (art. 148 quinquies apartado 4º) puede vaciar de contenido al máximo órgano de gobierno de los Jueces, consagrado como tal en el art. 122.2 de la Constitución Española, lo que por otro lado puede llevar a situaciones gravísimas como sucedería si se delegaran en los Consejos de Justicia competencias en materia disciplinaria propias del CGPJ (faltas graves o muy graves). En fin, deben determinarse las materias delegables (o no delegables) y en todo caso la delegación habrá de referirse exclusivamente a materias de pura gestión.

5) Respecto de la delimitación de las funciones que son competencia del Pleno o de la Comisión, el proyecto se remite a un peligroso e indeterminado desarrollo reglamentario, que no es de recibo, debiéndose prever por ley, qué funciones corresponden al Pleno, y cuáles a la Comisión (art. 148 quinquies). En este sentido el precepto establece: “Los Consejos de Justicia, actuando en pleno o en Comisión, según se determine reglamentariamente, desempeñarán las funciones de gobierno previstas en el art. 152 de esta Ley y además las siguientes”. Por otro lado, no se entiende qué sentido y utilidad tiene crear dos comisiones distintas si no se delimitan por Ley sus atribuciones. Parece vislumbrarse (a pesar de la oscuridad del texto) que la Ley tiende a atribuir a la Comisión Judicial determinadas competencias especialmente delicadas por su estrecha vinculación con la función jurisdiccional como las atinentes a las normas de reparto, turnos para la composición y funcionamiento de las Salas y Secciones de los Tribunales, asignación de ponencias, etc… (art. 149 quinquies apartado 3º), pero no se concreta si corresponden al Pleno, o a las Comisiones, y en concreto a la Judicial, otras materias extraordinariamente relevantes y muy delicadas como la disciplinaria o la promoción de expedientes de jubilación por causa de incapacidad de Magistrados (art. 152.6º y 8º). Semejante indefinición puede acarrear nefastas consecuencias.

6) De forma análoga, no puede aceptarse, como cajón de sastre, que los Consejos de Justicia puedan desarrollar aquellas funciones que en materia de justicia, les atribuya cada respectivo Estatuto de Autonomía (previsión aceptada e introducida por el Gobierno en las conversaciones con los partidos catalanes para la reforma del Estatuto catalán), por lo que esta cuestión debe estar más perfilada, ya que, lo contrario además de que pueden invadirse competencias propias del Consejo General del Poder Judicial, puede verse afectada la necesaria unidad y homogeneidad de las funciones de gobierno interno en los distintos Tribunales Superiores de Justicia (art. 148.3 quinquies). Este apartado suscitó recelos por parte del CGPJ expuestos en su informe al anteproyecto.

7) En relación al régimen de recursos respecto de los actos de los distintos órganos del Consejo de Gobierno, debe eliminarse la previsión de que únicamente pueden recurrirse ante el Pleno del Consejo de Justicia, y no en alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, como es la regla general, los acuerdos dictados en el ejercicio de las funciones atribuidas por los Estatutos de Autonomía a los Consejos de Justicia en el ámbito de competencias de las Comunidades Autónomas, ya que se excluye de este modo cualquier posible control por parte del CGPJ. Debe preverse el régimen del recurso de alzada en todo caso ante el Consejo General del Poder Judicial, ya que, entre otras cosas, de permanecer la actual redacción del proyecto de ley, se infringirían los principios de “unidad e independencia” consagrados en el art. 104.1 del proyecto, y “la subordinación” al Consejo General del Poder Judicial de los Consejos de Justicia (párrafo segundo del art. 104 del proyecto). Por otro lado, los actos de la Comisión Judicial, integrada solo por Jueces y Magistrados, pueden ser recurridos potestativamente ante el Pleno del Consejo de Justicia, en el que están representados los citados miembros de las Asambleas Legislativas, por lo que en definitiva el Pleno podrá dejar sin efecto los actos adoptados por la Comisión de procedencia estrictamente judicial, lo que debe rechazarse, sin perjuicio del recurso de alzada ante el CGPJ.

8) En cuanto al sistema electoral, es censurable que solo pueda votarse a un número de candidatos inferior a las plazas a cubrir en cuanto que se limita a 2/3 de dichas plazas. Es mucho más lógico el sistema actual en el que los electores pueden votar a tantos candidatos cuantas plazas deben cubrirse.

VII. CONCLUSIONES:

1) Las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia se ajustan perfectamente a la estructura territorial configurada en la Constitución Española, tal y como se desprende de la propia Exposición de Motivos de la LOPJ de 1985, por lo que ningún sentido tiene pretender ahora, de nuevo y redundantemente,“acomodar el gobierno del Poder Judicial con el principio autonómico” mediante la creación de los Consejos de Justicia, tal y como se refleja en el Proyecto de Ley, cuyo previsible efecto inmediato en caso de que finalmente se apruebe la Ley proyectada, será la fragmentación del gobierno del Poder Judicial, y por ende, su debilitamiento. Por el contrario, deben potenciarse y fortalecerse las competencias y grado de autonomía de las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia (y por supuesto del propio Consejo General del Poder Judicial), respetando el derecho de los Jueces y Magistrados a designar libremente a sus representantes en dichos órganos, garantizando de este modo la independencia judicial.

2) Las Salas de Gobierno constituyen hoy por hoy uno de los escasos reductos de auténtica democracia interna judicial, que se verá mermada con la incorporación de miembros ajenos a la carrera judicial designados por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, abriendo una vía de control político de dicho órgano en perjuicio de su independencia, lo que tan nefastas consecuencia ha tenido en otros ámbitos del gobierno judicial. Por tanto, las materias que más directamente afectan al ejercicio de la función judicial, esto es, el núcleo esencial de las actuales competencias de las Salas de Gobierno, que por ende inciden de lleno en la independencia del Poder Judicial, deberán ser atribuidas, en el seno de los Consejos de Justicia, a la Comisión Judicial, integrada exclusivamente por miembros de la carrera judicial, y en consecuencia deben reservarse al Pleno, exclusivamente, las funciones ajenas a la actividad judicial, singularmente las de tipo consultivo, o aquellas que tengan por fin la coordinación, colaboración  o cooperación con las Comunidades Autónomas.

3) La compleja estructuración de los Consejos de Justicia y el elevado número de miembros que integrarán dicho órgano, conllevará, en el caso de que finalmente se creen, la burocratización y anquilosamiento de los órganos de gobierno del Poder Judicial en el ámbito autonómico. Por otro lado es censurable la indefinición del Proyecto de Ley en cuestiones tan esenciales como la concreción de las materias susceptibles de delegación por parte del Consejo General del Poder Judicial, la determinación de las que pueden ser atribuidas a los Consejos de Justicia por los respectivos Estatutos de Autonomía, o de las que corresponden al Pleno, a la Comisión Permanente o a la Comisión Judicial.

En la ciudad de Valencia, a 5 de noviembre de 2007.


Diario Deliberación. Noviembre de 2005, nº 5, página 7. “La constitución de los Consejos de Justicia autonómicos, proyectada por el Gobierno, resulta innecesaria y perturbadora. En todo caso, la atribución de competencias en materias relativas al gobierno de Juzgados y Tribunales a tales Consejos de Justicia, más allá de las meramente consultivas, resulta contraria a la configuración que el artículo 122 de la Constitución Española hace del Consejo General del Poder Judicial, como genuino órgano de gobierno del Poder Judicial”.

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