Estudios e Informes: Informe sobre el nuevo sistema de valoración de la actividad profesional de jueces y magistrados.

CONSIDERACIONES GENERALES.

Es evidente que para que la Administración de Justicia pueda satisfacer la demanda pública de tutela judicial, debe ser capaz de emitir respuestas judiciales técnicamente correctas y jurídicamente adecuadas en cada uno de los procesos que puedan llegar a entablarse. No obstante, esta perfección es insuficiente si las resoluciones o decisiones judiciales no se ofrecen además en unos términos de tiempo aceptables y satisfactorios.

La doble exigencia de corrección técnica y celeridad judicial, impone que el Consejo General del Poder Judicial -como órgano de gobierno de la justicia en los términos fijados en el artículo 122.2 de la CE- tenga que calibrar el volumen de trabajo que puede y debe abordarse por cada órgano jurisdiccional. Sólo una correcta determinación de la capacidad resolutiva de los jueces y magistrados evitará que pueda hacerse a cada Juez o Magistrado una atribución tan excesiva de asuntos que, o bien impida el debate, el estudio y la reflexión adecuada de las controversias o, en caso contrario, imponga un retraso inadmisible para los intereses individuales y colectivos enfrentados en el proceso judicial. La ponderación -como toda actuación de gobierno- ha de hacerse buscando un equilibrio responsable entre las necesidades sociales de justicia que se han descrito y los medios materiales y humanos que pueden comprometerse en ese objetivo en consideración a encontrarnos en una sociedad de recursos económicos escasos.

La concreción de estos módulos de trabajo por el CGPJ -lógicamente definidos en los términos generales que impone la gestión de un colectivo- permitirá no sólo evaluar los órganos judiciales que precisa el normal desenvolvimiento del Poder Judicial en España (Art. 109 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y Art. 20 de la Ley de Demarcación y Planta Judicial), sino fiscalizar la dedicación profesional de cada Juez o Magistrado (Art. 107.3 de la LOPJ), proporcionando al tiempo que los jueces tengan una referencia para la conciliar adecuadamente su obligación profesional con el resto de necesidades personales y familiares, garantizando la inexigencia de responsabilidad disciplinaria cuando la acumulación de procesos no derive de un insatisfactorio esfuerzo profesional, sino de la inoperancia de los poderes públicos en dotar a la Administración de Justicia del número de Juzgados y Tribunales precisos para su funcionamiento moderno y operativo.

Presentan pues los módulos de trabajo una doble dimensión. Una proyección externa orientada a la fijación de las necesidades de la Administración de Justicia en nuestro país, y otra interna, orientada hacia la determinación del trabajo que resulta exigible a un profesional para poder valorar como satisfactorio un esfuerzo laboral difícilmente mesurable en horas, supervisando así actitudes de abandono, pero facilitando también referencias que delimiten hasta dónde llevar el personal y meritorio esfuerzo de quienes comprometen la vocación con la adecuada celeridad de la justicia, aún cuando ello suponga en ocasiones un detrimento de otras facetas de su vida personal.

Este compromiso se advirtió claramente por el actual CGPJ, que por acuerdo de Pleno de 24 de octubre de 2002 acordó impulsar el diseño y desarrollo de un Modelo de Valoración de la Actividad Profesional de Jueces y Magistrados que superara los defectos del entonces vigente, declarado posteriormente nulo por Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en consideración fundamental a la no individualización de supuestos.

A las anteriormente expuestas razones justificantes del módulo de dedicación, se añade que la ley reguladora del régimen retributivo de la carrera judicial y fiscal, establece un porcentaje de incremento o detrimento salarial que se hace depender del grado de cumplimiento de los objetivos fijados por el CGPJ para cada destino profesional (Art. 7 de la Ley 15/2003, de 26 de mayo). Debe recordarse, no obstante, que en lo concerniente a este aspecto retributivo, los módulos fijados por el CGPJ habrán de contar con el informe favorable del Ministerio de Justicia (art. 8 de la mentada ley 15/2003).

El hecho de que los módulos que aquí se informan fueran remitidos - por acuerdo de 30 de Octubre de 2006- al Ministerio de Justicia desde la Comisión de Organización y Modernización Judicial del Consejo General del Poder Judicial, sin que en el plazo fijado al efecto el Ministerio de Justicia se haya pronunciado siquiera sobre lo favorable o desfavorable del nuevo modelo, determina la imposibilidad de que estos módulos -de ser aprobados finalmente por el CGPJ- puedan tener eficacia a efectos retributivos.

El silencio es valorado por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) como una desconsideración profunda al esencial funcionamiento de la Administración de Justicia en general y, en particular, al esfuerzo de los profesionales que la integran, máxime cuando -precisamente por las sentencias antes aludidas- los jueces y magistrados carecen actualmente de módulo de valoración de aprovechamiento aplicable a las retribuciones salariales de las que son legalmente tributarios. En cualquier caso, una vez analizado el nuevo " módulo de desempeño" elaborado por el CGPJ, la APM tiene la convicción de que el silencio viene forzado y se explica por la propia enmienda presentada por el Gobierno para su tramitación parlamentaria, en la que se propone que los esfuerzos realizados en los años pasados por Jueces y Magistrados para la actualización de la Administración de Justicia, se tornen en exigencia cotidiana para el futuro, en una consideración que parece responder a la máxima de: "Si quieres más ingresos, realiza horas extraordinarias y, si las haces, en el futuro acomodaré tu horario ordinario a las horas que realices" .

La denuncia que la APM está desarrollando -con el silencio de otros sectores profesionales- respecto a los proyectos retributivos del gobierno y a una injustificada y desmesurada pretensión de aumentar la ratio de resoluciones exigibles a cada Juez o Magistrado, con detrimento de la calidad técnica de las resoluciones y de la consideración profesional de los jueces, todo ello con el ciego objetivo de no abordar las precisas reformas estructurales y de la planta de la justicia española, no impide que la APM considere y defienda la aplicación del Modelo de Desempeño elaborado y propuesto por el CGPJ con relación a los otros objetivos -antes expuestos- que le son aplicables y que están plenamente encomendados al CGPJ, esto es, su aplicación para la definición del número de resoluciones exigibles a los distintos integrantes de la carrera judicial, en orden al control de la eficacia de sus integrantes y la delimitación del esfuerzo que les corresponde, con paralela necesidad de creación de nuevos órganos judiciales.

VALORACIÓN GLOBAL.

Con tal vocación, la APM entiende que el procedimiento para la valoración de la actividad profesional de Jueces y Magistrados que ahora se propone evidencia un marcado esfuerzo por arrancar esta valoración desde unos criterios colectivos que ambicionan, no sólo el rendimiento final de los Jueces, sino su mejora científica y actitudinal en el desempeño de su función jurisidiccional en el marco de una administración moderna y eficaz (se valora así la agilidad, la especialización, la formación o la adecuación tecnológica del trabajo entre otros parámetros).

Esta primera y positiva característica se refuerza profundamente con el hecho de que los criterios que se proponen supongan computar y reconocer el esfuerzo laboral existente detrás de cada una de las resoluciones judiciales que se dicten.

En el último informe emitido por la APM en diciembre de 2005, con ocasión de los módulos recientemente anulados, al tiempo que agradecíamos que " el actual Consejo ha asumido el loable esfuerzo de corregir excesos anteriores, intentando realmente medir el tiempo dedicado por el Juez o Magistrado a determinados actos judiciales, ponderando para ello el tiempo real que puede ocupar su vista y su posterior decisión ", criticaba con rotundidad que esta medición sólo se hiciera con relación a determinados actos judiciales particularmente importantes, englobando el resto de actuaciones judiciales en una cuantificación general que respondía a la denominación de " actividades no baremadas", denunciando además que el tiempo de trabajo que se atribuía a cada órgano jurisdiccional por consideración a " actividades no baremadas " era un tiempo totalmente injustificado en su motivación, lo que hacía que las actividades no baremadas parecieran configurarse " como la variable matemática que permite cuadrar que pueda abordarse toda la litigiosidad entrante con los órganos judiciales que constituyen la actual planta, haciéndose así oídos sordos a las verdaderas razones del retraso acumulado de la justicia ".

Corrigiendo esta patología, la actual propuesta asienta la medición del trabajo desde la consideración de todos y cada uno de los autos y sentencias dictados en un Juzgado o Tribunal en cada fase del proceso; y no sólo computan todas las resoluciones judiciales finalmente dictadas, sino que lo hacen desde el acierto de discernir el verdadero -pero promediado- esfuerzo temporal e intelectual existente detrás de cada resolución, lo que se calibra tanto en consideración a la naturaleza del procedimiento, como apreciando además los concretos trámites procesales en los que se despliega la actuación judicial o el número de partes cuyas cuestiones han de ser resueltas.

Lo acertado del sistema se refuerza con la previsión de que los esfuerzos, pese a nacer del lógico promedio de una definición colectiva, puedan verse reconocidos de manera particular mediante la aplicación de sistemas de individualización que complementan la estimación estándar con valoraciones especiales adaptadas al caso concreto.

Todo ello sin olvidar la promoción de la doble responsabilidad encomendada al CGPJ: 1) La mejora de la eficacia de la Administración de Justicia, tanto mediante una mejora técnica de los profesionales que ejercen la jurisdicción, como promocionando la celeridad en su respuesta incentivando la productividad, así cómo la emisión de la resolución en plazo o la disminución de la pendencia en el órgano judicial y 2) Mejorando la conciliación de la vida personal y familiar de los profesionales de la justicia mediante un sistema que percibe en plenitud la dedicación profesional existente detrás de cada actuación judicial, eludiendo actuaciones no reconocidas a efectos de baremación o imponiendo un resultado final más cercano a la realidad que los declarados nulos en su día por parte del Tribunal Supremo.

PROPUESTA DE CORRECCIONES AL ARTICULADO.

La alabanza del nuevo sistema en consideración al expresado compromiso, no impide la consideración de que ciertas correcciones de su articulado facilitarían la operatividad del sistema. Así se sugieren las siguientes modificaciones:

El artículo 2, presenta las características operativas del Modelo, imponiendo que para la valoración de su actividad los Jueces y Magistrados facilitarán la información requerida al efecto a través de la aplicación informática que al tal fin proveerá el Consejo General del Poder Judicial. Con esta previsión, el párrafo tercero del número 4 del mentado artículo dispone: " En todo caso, la aplicación informática comprenderá un apartado o campo reservado a la consignación de las observaciones que los Jueces y Magistrados estimen oportuno manifestar en relación con su actividad referida al periodo de valoración. En dicho apartado o campo se harán constar, en su caso, los asuntos de especial dedicación, así como las sustituciones y prórrogas de jurisdicción, para su valoración de conformidad con lo previsto al efecto en el modelo a que se refiere el párrafo anterior".

El precepto hace referencia a la importante y crucial adaptación de unos baremos generales a la complejidad o dificultad del caso concreto. Supone pues la admisión de una corrección del módulo en supuestos de especial dedicación.

Con relación a esta " especial dedicación", aún cuando el artículo incluya la referencia " para su valoración de conformidad con lo previsto al efecto en el modelo a que se refiere el párrafo anterior", esto es, " de acuerdo con los criterios, objetivos y estándares señalados en el modelo de valoración de la actividad de Jueces y Magistrados incorporado como anexo al presente Reglamento (Art. 2.2, parrafo 2), es lo cierto que la remisión del párrafo tercero viene referida únicamente a la valoración de las sustituciones y prórrogas de jurisdicción que se mencionan, por ser estas las únicas reglamentadas en el Anexo de referencia. Nada se dice en los mencionados anexos respecto a lo que ha de entenderse como actuaciones judiciales de " especial dedicación ", ni del tratamiento o respuesta que ha de darse a los mismos.

La inseguridad que presenta este redactado contrasta con la empírica evidencia de que -si no de todas- sí existen determinadas actuaciones orales o escritas de un Juez o Magistrado respecto de las cuales puede apreciarse "ab initio" que desbordan el esfuerzo considerado por el Reglamento para actos judiciales de tal naturaleza y que lo rebasan con tal desmesura que puede concluirse indubitadamente que no quedan compensados por el juego de esfuerzos medios que el baremo baraja.

La situación sólo está predefinida en el actual modelo para la Sentencia en procesos de Jurado (Anexo 2 del Reglamento, en su Indicador de Volumen de Trabajo para las Secciones Penales de la Audiencia Provincial), resultando además peculiar que se reconozca para todo tipo de sentencias, sin exclusión de aquellas que se dicten de conformidad con las partes (art. 50 de la Ley del Jurado).

En tal consideración, debería añadirse un párrafo en el que se abordara un elenco que -sin ser exhaustivo- fijara algunos de los actos procesales que habrán de ser considerados en todo caso como de especial dedicación, fijándose su valoración en los términos que se considere preciso en los Anexos del presente reglamento. Esta regulación aportaría seguridad en cuanto al reconocimiento igualitario de los esfuerzos sobresalientes más destacables, permitiendo compensar una lógica disminución de la productividad respecto a los asuntos de ordinaria tramitación, tanto a efectos de la inspección de tribunales, cuanto a efectos retributivos en la eventualidad de un posterior informe favorable por parte del Ministerio de Justicia.

Se propone así la inclusión de un párrafo con la siguiente redacción:

" A tales efectos, en todo caso serán considerados como asuntos de especial dedicación y valorados de conformidad a lo expresado en los anexos del presente reglamento: a) Las sentencias contradictorias en procesos ante el Tribunal del Jurado, b) los procedimientos que hayan determinado vistas orales que ocupen cinco o más días en sesiones de mañana y de tarde, c) la resolución judicial valorativa de procedimientos con más de cinco mil folios y d) la resolución de procesos con cinco o más partes en el lado activo o en el lado pasivo del procedimiento y peticiones no coincidentes.

Artículo 3. Dispone que " El Pleno del Consejo General del Poder Judicial evaluará cada año los resultados y efectos derivados de la aplicación del Modelo, adoptando las modificaciones que resulten pertinentes, previa audiencia al Ministerio de Justicia, a las Salas del Gobierno de los Tribunales y a las asociaciones profesionales de Jueces y Magistrados.

Igualmente, y previo cumplimiento del trámite de audiencia establecido en el párrafo anterior, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial acometerá las modificaciones que resulten necesarias para la adaptación dinámica del Modelo a los cambios normativos, organizativos, operativos o de cualquier otra índole que le afecten."

La realidad de la tramitación precedente a la propuesta que ahora se informa, pone en evidencia que si la previa Audiencia del Ministerio de Justicia es obligada en los términos del artículo 7 de la Ley 15/2003, resulta inapropiada en aquellos supuestos en los que los Módulos despliegan su operatividad exclusivamente con relación al funcionamiento y gobierno interno del Poder Judicial. Se sugiere pues la alteración del redactado en los siguientes términos:

" El Pleno del Consejo General del Poder Judicial evaluará cada año los resultados y efectos derivados de la aplicación del Modelo, adoptando las modificaciones que resulten pertinentes, previa audiencia a las Salas del Gobierno de los Tribunales y a las asociaciones profesionales de Jueces y Magistrados.

Igualmente, y previo cumplimiento del trámite de audiencia establecido en el párrafo anterior, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial acometerá las modificaciones que resulten necesarias para la adaptación dinámica del Modelo a los cambios normativos, organizativos, operativos o de cualquier otra índole que le afecten.

En todos estos supuestos, se dará además audiencia previa al Ministerio de Justicia en aquellos supuestos en que el Modelo haya de afectar a efectos retributivos en los términos fijados en la Ley 15/2003".

Artículo 5.2, dispone que " En los supuestos de separación de jurisdicciones y de especialización de órganos jurisdiccionales en funcionamiento, la guía de valoración aplicable durante los dos primeros periodos de valoración posteriores a la separación de jurisdicciones o especialización será la referida a la naturaleza o clase anterior del órgano, salvo que se establezca otra previsión en el acuerdo de separación de jurisdicciones o especialización en atención a las circunstancias concurrentes en cada supuesto, con especial atención a la naturaleza y entidad de la carga residual del órgano.

Transcurridos los dos primeros periodos de valoración posteriores a la separación de jurisdicciones o especialización, se aplicará la guía de valoración correspondiente a la nueva naturaleza o clase del órgano".

La previsión es acorde con la inicial densidad de los asuntos existentes en el órgano al momento de la transformación, no obstante, la adaptación del equipo humano a la nueva función determina un sobreesfuerzo y penosidad que habría de ser reconocido como " factor de dedicación", en el punto II.4 del Anexo 1.

Tampoco resulta adecuado que no pueda, excepcionalmente y por razones de servicio, ampliarse este periodo de transición.

Se propone así la introducción de dos nuevos incisos: 1. un nuevo segundo párrafo, y 2. un inciso último al ahora párrafo tercero, quedando el precepto redactado en los siguientes términos:

" En los supuestos de separación de jurisdicciones y de especialización de órganos jurisdiccionales en funcionamiento, la guía de valoración aplicable durante los dos primeros periodos de valoración posteriores a la separación de jurisdicciones o especialización será la referida a la naturaleza o clase anterior del órgano, salvo que se establezca otra previsión en el acuerdo de separación de jurisdicciones o especialización en atención a las circunstancias concurrentes en cada supuesto, con especial atención a la naturaleza y entidad de la carga residual del órgano.

En uno u otro caso, dicho periodo será reconocido en los términos expresados en el Anexo 1 del presente reglamento.

Transcurridos los dos primeros periodos de valoración posteriores a la separación de jurisdicciones o especialización, se aplicará la guía de valoración correspondiente a la nueva naturaleza o clase del órgano, salvo que la entidad de la carga residual del órgano justifique su excepcional prórroga".

El artículo 6 establece que en consideración a la información facilitada por Jueces y Magistrados, el Servicio de Inspección elaborará un listado que estructurará a todos los Jueces y Magistrados en cinco grupos. La clasificación resulta trascendente en los términos fijados en el artículo 17 del propio reglamento (provisión de cargos, concesión de licencias etc). En tal sentido, se muestra inadecuada la redacción de los requisitos fijados para integrar el grupo primero.

El artículo impone que para el primer grupo se precisan dos requisitos: 1. Que se haya superado al menos en un 20% la valoración adecuada de acuerdo con la guía de valoración establecida para su destino y 2. Que la haya obtenido alcanzando el grado 5 en la escala de volumen de trabajo y el grado estándar al menos en los demás indicadores.

La previsión, siendo lógica en la diferenciación que hace con relación a los del grupo Segundo, no resulta ecuánime cuando la razón de no contar con la segunda exigencia responde a un periodo en el que el Juez se ha visto absorbido por asuntos de especial dedicación, supuesto en el que la llevanza del juzgado impide objetivamente al titular del órgano superar estas exigencias.

Se propone la reelaboración de los integrantes del grupo primero en los siguientes términos:

"Primero: Jueces y Magistrados que en el semestre de referencia hayan superado en al menos un 20 por ciento la valoración adecuada de acuerdo con la guía de valoración establecida para sus respectivos destinos, y la hayan obtenido -salvo en supuestos derivados de una especial dedicación- alcanzando el grado 5 en la escala de volumen de trabajo y el grado estándar, al menos, en los demás indicadores".

Artículo 7: El precepto fija el trámite a seguir cuando el Servicio de Inspección otorgue a un Juez o Magistrado una valoración provisional inferior a la que debería derivarse de los datos facilitados por el afectado.

Puesto que esta inferior valoración ha de ser motivada por el Servicio de Inspección y debe notificarse al Juez o Magistrado referido, se prevé así el inicio de un expediente contradictorio que permita al Juez poner de manifiesto los errores u omisiones que detectare en el término de 15 días y al Servicio de Inspección que realice las comprobaciones que estime pertinentes sobre la veracidad del error u omisión, pudiendo el Servicio de Inspección resolver en favor del Juez o Magistrado si estima adecuada la queja o -en la eventualidad de discrepancia- remitiendo la decisión a la Comisión Permanente del Consejo (art. 11.1 y 11.2 del Reglamento).

El hecho de que conforme con el artículo 13 el expediente contradictorio sólo proceda contra los Jueces y Magistrados incluidos en el grupo quinto del artículo 6 ( aquellos que en el semestre de referencia no hayan alcanzado el 80 por cierto de la valoración adecuada ) hace que la previsión del artículo 7.2 resulte inadecuada en alguno de sus extremos.

Resulta lógico que el Servicio de Inspección, al tiempo que remite la valoración provisional a los interesados que fueron calificados de manera inferior a los datos por ellos facilitados, remitan también a la Comisión Permanente la relación de aquellos que están en el grupo cinco, para la incoación de expediente contradictorio. No obstante, en modo alguno se justifica la inclusión en la relación remitida a la Comisión Permanente de aquellos incluidos en el Grupo Cinco en contradicción con los datos expresados por el Juez o Magistrado, habida cuenta que con anterioridad al expediente contradictorio que indudablemente incoará la Comisión Permanente, está el trámite de corrección fijado en el artículo 11.

Se propone así la sustitución de la actual redacción: " Paralelamente a la comunicación de la valoración provisional a los interesados prevista en el artículo anterior, el Servicio de Inspección remitirá a la Comisión Permanente la relación de Jueces y Magistrados comprendidos en el grupo quinto del listado provisional, a fin de que dicha Comisión acuerde la apertura de expediente contradictorio".

Debiendo quedar redactado en tal sentido: " Paralelamente a la comunicación de la valoración provisional a los interesados prevista en el artículo anterior, el Servicio de Inspección remitirá a la Comisión Permanente la relación de Jueces y Magistrados que de acuerdo con los propios datos por ellos presentados resulten comprendidos en el grupo quinto del listado provisional, a fin de que dicha Comisión acuerde la apertura de expediente contradictorio".

Artículo 9.2: Resulta lógico y evidente que el artículo 9 prevea la reducción proporcional de los objetivos exigidos en consideración al disfrute de licencias o permisos concretos.

En este contexto resulta también admisible que la enfermedad sin licencia no entrañe en principio reducción ninguna, en consideración a que precisamente su no formalidad contraría la función de control del módulo. No obstante, no se acierta a comprender cómo cuando cuenta con la justificación o acreditación médica, la reducción proporcional de los objetivos quede condicionada al improbable supuesto de que las licencias sumen al menos una quinta parte de los días hábiles del periodo.

La seguridad del sistema muestra razonable que no exista una reducción proporcional de los objetivos en supuestos de enfermedad sin licencia, no obstante, negar tal reducción cuando la enfermedad se acredita médicamente y negarlo por el mero hecho de ser de corta duración, es equivalente a negar el derecho.

Se propone así la sustitución del actual artículo 9.2: " Enfermedad sin licencia. Los periodos de enfermedad que no hayan generado licencia y que supongan al menos una quinta parte de los días hábiles del periodo de valoración, se descontarán de dicho período, reduciéndose proporcionalmente los objetivos exigidos para el mismo, siempre que en cada uno de los casos se justifique médicamente la enfermedad y se acredite que la ausencia del Juez o Magistrado ha afectado al despacho ordinario de los asuntos que le correspondan", por la siguiente redacción: " Enfermedad sin licencia. Los periodos de enfermedad que no hayan generado licencia, se descontarán de dicho período, reduciéndose proporcionalmente los objetivos exigidos para el mismo, siempre que en cada uno de los casos se justifique médicamente la enfermedad y que por exceder en su conjunto de diez días hábiles hayan afectado al despacho ordinario de los asuntos que le correspondan".

Artículo 10: El artículo 10 del reglamento recoge otros supuestos especiales que justificarán el descuento proporcional del periodo de valoración.

Entre ellos, la letra "a", permite descontar el tiempo de " ejercicio de una actividad o cargo público de inexcusable cumplimiento no retribuido".

No se acierta a comprender qué funciones públicas de inexcusable cumplimiento, y no retribuidas, se atribuyen al juez. Salvo olvido u omisión de alguna, se propone su eliminación.

Es numerosa la actividad asociativa legal o reglamentariamente prevista para las funciones gubernativas o de gestión. Existen además numerosas actuaciones asociativas no expresamente recogidas en la LOPJ o disposiciones reglamentarias y que exigen un importante esfuerzo de quienes las afrontan, ofreciendo además un beneficio directo en el gobierno judicial y con ello en la actuación y funcionamiento de la Administración de Justicia. Se justifica así una consideración -en los términos que se dirá- respecto a la productividad profesional de quienes las desempeñen.

Se propone así la inclusión de una letra "e", con la siguiente redacción: " Las funciones de representación de Asociaciones Profesionales que afecten al despacho ordinario de los asuntos que le correspondan, en los términos fijados en los Anexos del presente Reglamento".

Artículo 11: La regulación reglamentaria sólo prevé dos supuestos en los que iniciar con el Juez o Magistrado el expediente contradictorio descrito en su Sección V:

A aquellos Jueces y Magistrados que hayan sido incluidos en el grupo quinto del listado provisional referido en el artículo 6 (Art. 13 del Reglamento.

A aquellos Jueces y Magistrados que hayan sido incluidos en un grupo superior al que les correspondía, cuando sea advertido por cualquier comisión u órgano técnico del CGPJ (art. 12 del Reglamento).

Esta regulación deja bien clara la no reciprocidad en el tratamiento procesal, pues no se permite acudir al expediente contradictorio a aquellos Jueces y Magistrados que hayan sido incluidos en un grupo inferior al que ellos consideren oportuno, salvo que la inclusión haya sido en el grupo quinto (art. 11.2, in fine).

El Reglamento dispone pues que la discusión de una inclusión -pretendidamente errónea a los ojos del Juez- en los grupos 2, 3 ó 4, habrá de cursarse en los términos del artículo 11, esto es, mediante: 1). Alegación del juez, 2) Realización de las comprobaciones que el Servicio de Inspección considere necesarias y 3) Aceptación de la reclamación por el Servicio de Inspección o Remisión para su decisión a la Comisión Permanente.

Este último proceso diverge del expediente contradictorio en: 1) la imposibilidad de proposición de prueba por el Juez o Magistrado Permanente, 2) La ausencia de una propuesta de resolución por parte del Servicio de Inspección y 3) La inexistencia de un periodo de alegaciones del Juez a dicha propuesta de resolución.

En tal consideración, vista la trascendencia profesional de la inclusión en uno u otro grupo en consideración al artículo 17 del reglamento, no se acierta a comprender porqué no se facilita el acceso al proceso contradictorio a Jueces y Magistrados que discrepan de la calificación hecha (siempre que la calificación no sea de integración en el grupo cinco) y se permite sin embargo tal proceso contradictorio cuando sea el Servicio de Inspección el que discrepe de la calificación que él mismo hizo anteriormente, aún cuando la corrección de oficio del supuesto error no suponga incluir al Juez o Magistrado en el Grupo 5 y sí en el Grupo 2, Grupo 3 o Grupo 4.

Se propone en tal consideración una plena equiparación del tratamiento, de suerte que la redacción actual del artículo 11.2 (" El Servicio de Inspección realizará las comprobaciones que estime pertinentes, sobre la veracidad del error u omisión, y procederá a la corrección que corresponda si está justificada. En caso contrario, realizará la correspondiente propuesta a la Comisión Permanente. Sólo procederá la apertura de expediente contradictorio en los supuestos a que se refiere el apartado 1 del artículo siguiente ") se sustituya por la siguiente: " El Servicio de Inspección realizará las comprobaciones que estime pertinentes sobre la veracidad del error u omisión, y procederá a la corrección que corresponda si está justificada. En caso contrario, remitirá la cuestión a la Comisión Permanente para la apertura de expediente contradictorio".

La corrección propuesta quedaría plenamente integrada con la propuesta que se ha hecho al artículo 7 y con la actual redacción del artículo 13.2 que establece: " Asimismo, se incoará expediente contradictorio a los Jueces y Magistrados en los demás supuestos previstos en este Reglamento, con la finalidad de establecer la valoración de su actividad que proceda".

Artículo 14.

El artículo 14.1 dispone: " El procedimiento contradictorio se iniciará, previo acuerdo de la Comisión Permanente, mediante resolución del Jefe de Servicio de Inspección, en la que se otorgará al interesado un plazo no superior a diez días hábiles a fin de que efectúe las alegaciones que estime oportunas y solicite la prueba de que intente valerse".

Resulta inadmisible en términos de defensa la no identificación de un término mínimo de alegaciones, proponiéndose su sustitución por el siguiente redactado:

" El procedimiento contradictorio se iniciará, previo acuerdo de la Comisión Permanente, mediante resolución del Jefe de Servicio de Inspección, en la que se otorgará al interesado un plazo no inferior a cinco días hábiles, ni superior a diez, a fin de que efectúe las alegaciones que estime oportunas y solicite la prueba de que intente valerse".

Artículo 17: El artículo 17 dispone:

" La valoración de la actividad de los Jueces y Magistrados podrá ser tenida en cuenta por los órganos del CGPJ en los siguientes supuestos:

Provisión de cargos de designación discrecional.

Concesión de licencias para la realización de estudios, salvo en el supuesto previsto en el artículo 248.3 b) del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial.

Autorización y reconocimiento de compatibilidades.

Concesión de comisiones de servicio.

Designación como responsable de actividades formativas organizadas por el Consejo General del Poder Judicial o participación en dichas actividades como ponente.

La redacción se muestra imprecisa. La no obligatoriedad de una dedicación superior a la estándar prevista para cada Juez o Magistrado, haciendo lógico que comporte una valoración positiva para quien despliega el esfuerzo de superarla, en modo alguno puede suponer la sanción a quien renuncie a tal objetivo inexigible.

En tal sentido, se propone la reelaboración del artículo 17 en los siguientes términos:

"1. La valoración de la actividad de los Jueces y Magistrados podrá ser tenida en cuenta por los órganos del CGPJ en los siguientes supuestos.

Provisión de cargos de designación discrecional.

Concesión de licencias para la realización de estudios, salvo en el supuesto previsto en el artículo 248.3 b) del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial.

Autorización y reconocimiento de compatibilidades.

Concesión de comisiones de servicio.

Designación como responsable de actividades formativas organizadas por el Consejo General del Poder Judicial o participación en dichas actividades como ponente.

2. En ningún caso podrá motivar la resolución denegatoria que la valoración de desempeño no haya incluido al Juez o Magistrado en un grupo superior al Grupo 3 de los referidos en el artículo 6 del presente reglamento".

Disposición Transitoria:

Dispone que " En tanto no se logre que de los Sistemas Informáticos de Gestión Procesal y de Estadística Judicial pueda obtenerse la totalidad de la información requerida por el Modelo de Valoración de la Actividad de Jueces y Magistrados, resultarán aplicables los indicadores, los subindicadores, los pesos específicos y la valoración adecuada que para cada destino en la carrera judicial se establece en el Anexo 4".

El hecho de que el sistema de valoración tenga la trascendencia descrita en el artículo 17, impone que los términos comparativos sean comunes para todos los profesionales de la carrera judicial, con independencia del destino territorial que ocupen.

La situación ha de quedar pues claramente asegurada en el reglamento que se propone, sugiriéndose así la reelaboración del precepto hasta su llevanza a los siguientes términos:

" En tanto no se logre que de los Sistemas Informáticos de Gestión Procesal y de Estadística Judicial de toda España pueda obtenerse la totalidad de la información requerida por el Modelo de Valoración de la Actividad de Jueces y Magistrados, resultarán aplicables los indicadores, los subindicadores, los pesos específicos y la valoración adecuada que para cada destino en la carrera judicial se establece en el Anexo 4"

ANÁLISIS DEL ANEXO 1.

Con las modificaciones que sea preciso introducir en el cuadro obrante al inicio del Punto II.1, de dicho Anexo, derivadas de los siguientes comentarios, la Asociación Profesional de la Magistratura entiende adecuado introducir las siguientes alteraciones:

CON RELACIÓN AL FACTOR EFICACIA:

Como se dijo, resulta adecuado que se discrimine en función de la complejidad de los asuntos y que -a diferencia de los módulos anteriores- computen la totalidad de los autos y sentencias dictados por un juez o magistrado, no obstante, deben hacerse las siguientes precisiones:

A.1. Respecto a los subindicadores:

Como con relación al resto de factores, no se está ahora en condiciones de apreciar la idoneidad de los subindicadores señalados a cada uno de los Indicadores de Factor.

La cuestión resulta trascendental, pues tales subindicadores representan la importancia (el peso específico se dice) que el sistema reconoce a cada elemento dentro del conjunto de la actividad judicial. No obstante, la prevista revisión del modelo (en los términos expuestos en el artículo 3 del Reglamento) permitirá de futuro apreciar con claridad el acierto o la idoneidad de la actual determinación o la ineludible corrección de sus desviaciones.

A.2. Respecto al Indicador Volumen de Trabajo.

Dentro del Factor de Eficacia, se aprecia la consideración de dos indicadores: el Volumen de Trabajo y la Complejidad de los Asuntos.

Resulta peculiar que como indicador del Volumen de Trabajo sólo se atienda a los actos escritos del Juez, siendo como es que el ejercicio de la jurisdicción se asienta en dos tipos de actos judiciales: 1) los actos escritos y 2) los actos orales.

El sistema -y así se sugiere para la primera reforma que se aborde- debería contemplar dentro de la indicación del " volumen de trabajo" el de las sesiones de juicio oral, en consideración a su número y duración, pues siendo como es que lo esencial de la baremación son las resoluciones escritas elaboradas judicialmente (sentencias y autos), resulta patológico que no se pondere el número de sesiones de mañana o tarde de la jornada laboral que han resultado ya consumidas cuando el Juez o Magistrado ha de abordar el estudio y redacción de sus resoluciones. La diferencia entre una Sala penal de la Audiencia Provincial, un Juzgado de Familia o un Juzgado de lo Penal, puede ser abrumadora en su contraste con una Sala de lo Social o de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, haciendo patológica la omisión de su consideración en el actual módulo.

A.3. Respecto a la Escala Propuesta para cada uno de estos subindicadores:

Dispone el Anexo que " Cuando en un órgano judicial el número de asuntos ingresados en los dos semestres inmediatamente anteriores al concreto evaluado haya sido inferior al número de los contemplados como grado estándar en la escala del indicador "Volumen de Trabajo" aplicable, serán modificados los intervalos de los grados contemplados, haciéndose coincidir el número total de asuntos ingresados con el límite superior del grado estándar, recalculándose proporcionalmente el resto de los grados".

La previsión resulta excesiva, pues en supuestos de escasa entrada se viene a fijar esta entrada como límite superior del grado estándar, de suerte que un leve incremento futuro en la entrada de asuntos y la atención de todos ellos por el Juez, llevará al Juez al grado 4 o 5, si bien realizando una actividad que todavía puede ser muy inferior a la otros compañeros.

Se propone que en tales supuestos de inferior entrada, se iguale el volumen de entrada con el término medio del grado estándar, y no con el límite superior del mismo grado estándar.

Igual previsión se propone con relación a aquellos órganos judiciales cuyo número de "Asuntos de Alta Complejidad" ingresados en el periodo inmediatamente anterior al evaluado representen, en relación con el total de los asuntos ingresados, un porcentaje inferior al contemplado como límite superior en el Grado estándar, proponiéndose que la modificación de la escala se realice haciendo que el porcentaje que aquellos asuntos representen sea el punto medio del Grado 3 de la Escala, y no el límite máximo que se propone.

CON RELACIÓN AL FACTOR CALIDAD:

B.1. Respecto al Indicador de Cumplimiento de los Plazos Procesales:

Independientemente del peso específico atribuido a tal factor, es lo cierto que uno de los objetivos esenciales que la administración de justicia ambiciona es una celeridad en la respuesta, la cual se frustra tanto por la demora en la tramitación del proceso, como por el excesivo tiempo que pueda emplearse en dictar la resolución con relación al tiempo máximo fijado por la ley.

En tal consideración, debe advertirse que no son los retrasos de unos días respecto de los plazos máximos señalados por la ley los determinantes de la percepción ciudadana o profesional de un retraso en la justicia, sino que los son aquellos que exceden en mucho los mentados términos.

Debe destacarse al tiempo que las resoluciones que se dictan en unos pocos días más de los legalmente previstos, nunca responden a un abandono por parte del titular -actitud que es la que ha de tratar de corregirse- sino que evidencian una actuación diligente que coexiste con una eventual complejidad del asunto o con una puntual acumulación de juicios en la organización de la agenda y distribución de las funciones jurisdiccionales.

De otro lado, ese pequeño y circunstancial retraso se compensa hoy en día con una mecanización y documentación de la resolución judicial por los propios Jueces, lo que libera al justiciable del retraso inherente a esperar la trascripción de la decisión por parte de los funcionarios.

Con todo este contexto, fijar como límite mínimo del grado estándar (Grado 3) que el 85% de las sentencia han de ser dictadas en plazo legal, supone desconocer la problemática y realidad expuesta, esto es: 1). Que es lo habitual que exista más de un 15% de resoluciones que llevan un especial estudio y una complicada y larga confección; 2) Que los jueces entregan habitualmente las resoluciones en condiciones para su inmediata notificación y 3) Que una acumulación de juicios impide en ocasiones la atención de los plazos, siendo esta acumulación obligada por la gestión racional de la agenda o -en un eventual futuro- resultará dependiente de una actuación ajena al propio juez (el proyecto del gobierno pretende atribuir al Secretario Judicial el señalamiento de las vistas, siendo por tanto el juez extraño al número de procesos que se acumulen para un mismo día o a la complejidad de los señalados).

La corrección del rigor recogido en el Reglamento podría abordarse de dos formas: 1). Rebajando los límites porcentuales de los distintos grados de la Escala o 2). Flexibilizando la consideración de puntualidad.

La primera solución (rebajar los porcentajes de los grados de la Escala) presenta el inconveniente de que relativiza el factor, pues supone un menor impulso para aquellos que verdaderamente generan retrasos excesivos.

Se propone pues la adopción del segundo camino (flexibilizar la consideración de puntualidad), y puesto que no se puede decir que se cumple el plazo legal cuando no se hace, la flexibilización se abordaría manteniendo la escala de cumplimiento incluida en el Anexo, pero con las siguientes alteraciones:

El indicador abandonará la denominación de " Cumplimiento de Plazos Procesales", que será sustituida por la de " Resolución diligente del Proceso".

" Se entenderá que existe resolución diligente del proceso cuando la resolución sea dictada en el término legalmente previsto, así cómo cuando se notifique o esté en condiciones de notificarse a las partes dentro del doble del tiempo fijado por la ley para su emisión" .

B.2. Respecto al Indicador de Ejecuciones:

Destaca en positivo su consideración, frente al tradicional desprecio del esfuerzo laboral del Juez o Magistrado a este respecto, lo que en la práctica abona la inefectividad de las resoluciones judiciales finales.

CON RELACIÓN AL FACTOR DE AGILIDAD.

C.1. Respecto al Indicador de Mediación Judicial:

El módulo, en su compromiso con una agilidad de la justicia y la operatividad de sus decisiones, propone equiparar el acuerdo conseguido con la mediación judicial y la decisión judicial contenciosa con ella evitada. Se indica así que los asuntos que terminen con acuerdo de las partes por la acción mediadora del juez, incrementarán el número de asuntos finalizados por Sentencia a efectos de determinar el Grado del subindicador de "Asuntos finalizados por sentencia".

El compromiso, siendo lógico en su aspiración, no resulta coherente con la limitación que se establece de que la equiparación podrá incrementar únicamente en un Grado el resultado obtenido en la Escala, pues este límite termina por abandonar la consideración favorable de la mediación con el vacuo argumento del número de sus éxitos.

En tal consideración se propone la eliminación de la limitación establecida al incremento de grado.

C.2. Respecto al Indicador de Acumulaciones:

Por iguales razones a las desarrolladas en el punto anterior, se propone la eliminación de la limitación al incremento en un Grado establecido para las acumulaciones de procedimientos.

C.3. Indicador de uso de las Nuevas Tecnologías:

Pretende fomentar la integración de las sentencias y autos finales en la correspondiente aplicación informática de gestión procesal, siempre que se haga con cumplimiento de las normas o instrucciones dictadas por el Consejo General del Poder Judicial.

Dado que el sistema de valoración pretende dinamizar el funcionamiento adecuado de la Administración de Justicia, sin que sea un valor en sí mismo que el Juez o Magistrado asuma -más aún de lo que ya ha hecho- funciones propias de una asistencia o auxilio funcionarial, debe dejarse claro que la operatividad del factor no se hace depender de que sea el Juez quien integre las sentencias y autos en la aplicación informática, lo que resulta inadecuado y absurdo en consideración a su primordial función, sino de que las resoluciones judiciales se aporten ya mecanizadas y en condiciones de ser incorporadas por los funcionarios judiciales, sin especiales retrasos ni complicaciones, en la aplicación informática de gestión judicial.

CON RELACIÓN AL FACTOR DE DEDICACIÓN.

El indicador pretende recompensar el "sobreesfuerzo" que respecto a la dedicación y adaptación impone todo cambio de destino.

El proyecto, sin embargo, tiene en consideración únicamente cuando el Juez cambia de destino orgánico (cambio de órgano o de jurisdicción), más no cuando la mutación sobreviene en el mismo órgano jurisdiccional en el que despliega su actividad.

La modificación de la naturaleza del órgano o la división de jurisdicciones en los juzgados o tribunales de naturaleza mixta, entraña una serie de disfunciones en su funcionamiento, de suerte que imponen que el Juez o Magistrado, como director del equipo humano que despliega en él su actividad, procure y facilite a los funcionarios judiciales las pautas generales de adaptación a la nueva función y supervise con especial atención durante un tiempo el acierto o desviación del quehacer del personal. Ello determina que se proponga la incorporación a este apartado de los casos de separación de jurisdicciones y de los de especialización de órganos jurisdiccionales en funcionamiento, en los términos que fueron ya adelantados con ocasión del comentario al artículo 5 del presente reglamento.

De otro lado, se muestra adecuado fijar el tiempo por el que resultará justificada la recompensa a este sobreesfuerzo, habida cuenta que el proyecto de Reglamento no lo contempla. La especial formación que exige la función jurisdiccional en orden a alcanzar una adecuada operatividad, justifica que se proponga que tal corrección sea aplicable por el término de un año y por tanto declarable en las dos declaraciones semestrales que al efecto se realicen.

E. CON RELACIÓN AL FACTOR DE ACTUALIZACIÓN.

El reconocimiento de este factor se hace descansar en el Reglamento en dos premisas básicas: 1). En su conjunto supondrá una corrección en positivo de hasta 1 punto y 2) Cada asistencia a un curso -en posición de discente- y cada ponencia, será valorada en medio punto y no se podrá aplicar más de un curso o ponencia por periodo evaluado.

Desde luego, la consideración que se da a la formación especializada es muy cicatera con relación a los efectos que puede producir en la mejora de la administración de justicia y particularmente roñosa en la consideración del estudio que comporta y los beneficios que redundarán en el futuro.

Ciertamente la formación tiene una primera proyección en la productividad del Juez que viene de la mano de la reducción de los objetivos exigidos para el periodo (en consideración a las licencias de estudio previstas al art. 9.1 del Reglamento), no obstante, la ventaja que un estudio permanente aporta en la agilidad y perfección de la Administración de Justicia justifica un compromiso mayor.

Se propone en consecuencia que la corrección llegue hasta 2 puntos, atribuyéndose un máximo de un punto para la Actualización Docente y otro punto para la Actividad Docente.

E.1. Respecto a la Actualización Docente.

Independientemente de la mejora que se propone (de 1 punto máximo, en vez del ½ punto contemplado), resulta peculiar que se retribuya de modo equivalente esfuerzos que pueden ser muy dispares. Ninguna equiparación puede existir entre una actividad formativa que ocupa al discente escasas horas, con otras que pueden suponer un esfuerzo personal y familiar de semanas. En tal consideración se propone que se modifique el incremento contemplado en el Reglamento (1/2 punto por curso, con un límite de un curso por periodo evaluado) por el de 0,2 puntos por día/curso, con el límite máximo de 1 punto (en los términos ya expuestos) por periodo evaluado.

E.2. Respecto a la Actividad Docente.

Resulta gratuito que a quienes, además de cumplir con su función, abordan un estudio científico y didáctico importante, se les limite el reconocimiento del sobreesfuerzo a una ponencia al semestre, siendo como es que su investigación y preparación influye en la adecuación de su función jurisdiccional futura, y que su divulgación mejora la labor del resto de operadores en la Administración de Justicia,

La erudición alcanzada por algunos compañeros se empaña con el desprecio que el Reglamento ofrece a un estudio y reflexión objeto de reconocimiento (de ahí la contratación del profesional) en otros ámbitos, máxime si se pone en comparación con la recompensa que el Reglamento otorga a otros indicadores y con la importancia que a la formación individual otorga la actual redacción de la LOPJ.

En tal sentido no sólo se propone que se incremente este indicador hasta 1 punto por periodo valorado, sino que el número de ponencias que pueda reconocérseles no baje de 2 por periodo (1 ponencia al trimestre), siempre y cuando sean de contenido diferente.

De igual modo debería incluirse y equiparse a las ponencias, la Coordinación de Cursos.

CON RELACION AL INDICADOR DE CONTRIBUCIÓN A ASUNTOS RESUELTOS.

Ciertamente no se acierta a comprender cómo en situación normal -sin sustituciones- un magistrado integrado en una Sección o Tribunal de 3 Magistrados, no va a alcanzar el Grado 5 de la Escala (participar en >95% de las deliberaciones), pues es evidente que habrá de estar en todas ellas. No obstante, resultaría ineludible adecuar la Escala a aquellos supuestos de Secciones u Órganos con 4 o 5 magistrados, de suerte que -por igualdad- el grado superior para aquellas sea una participación en el 75% de las deliberaciones y de un 60% en aquellas integradas por 5 Magistrados.

FACTORES Y ELEMENTOS CORRECTORES.

G.1. Actividades Asociativas (pretensión de un nuevo indicador de corrección).

El punto introduce diversos factores de corrección. Destaca entre ellos el relativo a la colaboración con las Funciones de Gobierno, tanto en su dimensión de asistencia a Juntas de Jueces o Reuniones de Sala, como en la de asunción personal de alguna función de gobierno no exclusiva (Decanos, Delegados del Decano, Presidente de Sección o Sala, Presidentes de Audiencia o TSJ).

La actividad pretende reconocer y recompensar al Juez por su contribución al funcionamiento organizativo de la Administración de Justicia, algo que en su lógica y adecuación es plenamente extensible a las funciones asociativas, las cuales sin embargo han resultado preteridas, tanto respecto de aquellas reglamentariamente previstas (como la representación asociativa en la comisión pedagógica, el consejo rector o la mutualidad judicial), como con relación a otros esfuerzos inespecíficos (de las que el presente informe es buen ejemplo).

La previsión resulta ineludible siendo como es que la representación asociativa no entrañará normalmente disminución proporcional ninguna en la escala de " Volumen de Trabajo" .

En tal consideración, y como se indicó en los comentarios al artículo 10 del Reglamento, se pretende la inclusión de un nuevo Indicador de Corrección asentado en funciones asociativas, que podría consistir en:

Un incremento de un 5% para aquellos que asuman la representación asociativa en alguna de las puntuales actividades previstas en la LOPJ o en los Reglamentos que la desarrollen (equivalente a Decanos con un número de Juzgados de 2 a 5).

Un incremento de un 10% para aquellos que tengan atribuida la máxima representación de las distintas Secciones Autonómicas referidas en el artículo 401.3 de la LOPJ" (equivalente al reconocimiento de los Decanos con un número de Juzgados entre 6 a 10).

Un incremento de un 20% para aquellos Jueces y Magistrados que se integren en el órgano supremo de gestión nacional de las distintas Asociaciones Judiciales (equivalente al reconocimiento de Decanos no liberados con un número de Juzgados superior a 20).

G.2. Respecto a la corrección por actividades de Cooperación Internacional.

Se estima adecuada la corrección, no obstante, la indicación de que la Participación en el encuentro anual de la REJUE y en el grupo de trabajo en el que cooperase, pueda ser un factor corrector, habrá de ser tenida en cuenta en contraste al reconocimiento otorgado a los cursos de actualización docente, sin que en modo alguno puedan conducir por sí solos al reconocimiento que el anexo postula (hasta un 10% de la valoración final), y sí a la corrección propuesta para la formación de 0,2 puntos día/curso. Todo ello sin perjuicio -ahí sí- de la valoración que pueda llegar a otorgarse al resto de actividades desplegadas por tal cooperación.

De adverso, la consideración de que la participación en consultorías extranjeras y otras actividades sólo sea merecedora de corrección en la medida en que exceda su duración de dos semanas, se muestra excesiva no sólo en consideración al esfuerzo personal y laboral del desplazamiento, sino al trabajo preparatorio que tales consultarías esconden en los meses previos a su ejecución y a la dependencia que tendrá la imagen de la Justicia Española en consideración al buen hacer del designado para la intervención .

Se considera así que la corrección debe incluir " aquellas actividades en las que la duración de la participación por parte del Juez o Magistrado español sea igual o superior (que no meramente superior) a dos semanas dentro de cada semestre".

De otro lado, y con relación a este mismo aspecto, debe resaltarse que la indicación del Anexo de que " En tal caso (si la participación hubiere excedido de las dos semanas) y de cara a la Valoración Final se reducirán los días hábiles computables del Juez, rebajando proporcionalmente la escala <Volumen de Trabajo> en atención al número de días en los que la actividad se hubiera desarrollado", es totalmente contraria a la lógica y a lo dispuesto en el artículo 9.1 del Reglamento. En la medida que tales colaboraciones descansen en una licencia de estudios, la disminución proporcional prevista en el artículo 9.1, generará efectos proporcionales al tiempo de dicha licencia, son independencia de cual sea su duración mínima.

Se propone por tanto la sustitución del redactado por la de: " En todo caso, las consultorías y colaboraciones internacionales determinarán la reducción proporcional a su duración en la escala <Volumen de Trabajo> , de conformidad con el articulo 9 del presente Reglamento.

ANÁLISIS DEL ANEXO 2 y 3.

La admisibilidad de la propuesta queda supeditada a la revisión y adaptabilidad del Modelo que ha sido analizada con ocasión del estudio referido al artículo 3 del presente Reglamento, no obstante, debe destacarse la necesaria equiparación del Procedimiento Abreviado al omitido procedimiento de Diligencias Urgentes o para el Enjuiciamiento Rápido de Determinados Delitos.

ANÁLISIS DEL ANEXO 4.

Queda referido el comentario a lo declarado con relación a la Adecuación del Modelo con ocasión del mentado artículo 3 del Reglamento, así como a su vigencia conforme a la aclaración que se introdujo con ocasión del comentario a la Disposición Transitoria del presente Reglamento.

Es todo cuanto la Asociación Profesional de la Magistratura tiene el honor de informar, en Barcelona, a 11 de Diciembre de 2006.

Congreso 8 de junio de 2006.-Serie A. Núm. 69-15

ENMIENDA NÚM. 631

FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista del Congreso

De modificación al artículo octavo la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

De adición.

Se añade un nuevo apartado, con la numeración que corresponda, para introducir tres nuevos párrafos en el apartado 4 del artículo 403, que pasa a tener la siguiente redacción:

«4. Las retribuciones variables por objetivos estarán vinculadas al rendimiento individual acreditado por cada juez o magistrado en el desempeño de sus funciones jurisdiccionales y profesionales.

Todos los jueces y magistrados estarán obligados a alcanzar un objetivo normalizado, que no podrá ser inferior al rendimiento medio de los órganos unipersonales o, en su caso, colegiados en los que se integre, correspondiente a los cinco años inmediatamente anteriores a la entrada en vigor de la presente ley, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

El Consejo General del Poder Judicial podrá determinar por vía reglamentaria los factores de corrección que puedan incidir individualmente en la consecución del objetivo antedicho, previo informe favorable del Ministerio de Justicia.

Si estas correcciones tuviesen repercusión presupuestaria, se requerirá informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda.»

Registro SugerenciasMapa web Mapa webContacto