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11 febrero 2014: CCOO se adhiere a la demanda presentada por UGT ante la Fiscalía Anticorrupción contra los fondos buitre que adquirieron la cartera de deuda de Codere
 

Comisiones Obreras se adhiere a la denuncia presentada por UGT el pasado 30 de enero contra los fondos CANYON CAPITAL FINANCE S.á.R.L. y GSO-Special Situations Fund LP y su matriz Blackstone, así como las entidades financieras y bancos, Credit Suisse, BBVA, Barclays Capital, y Houston Casualty Company, por las presuntas actividades ilícitas que han podido cometer contra el Grupo Codere y sus trabajadores. A estos efectos, en los próximos días CCOO. presentará ante la Fiscalía Anticorrupción el correspondiente escrito de adhesión.

Últimamente, CCOO. se ha visto obligada a defender de forma reiterada los derechos de los trabajadores frente a conductas presuntamente ilegales de fondos de inversión “buitres” que llegan a nuestro país amparados en legislaciones extranjeras no aplicables, o en la falta de normativa al respecto, para tomar el control de empresas españolas con dificultades financieras, presentándose como salvadores de las mismas. Sin embargo, aprovechándose de la situación de debilidad financiera de éstas, acceden a su control  a través de maniobras fraudulentas e imponen cláusulas leoninas a sus propietarios, detrayendo y revendiendo sus activos, en ocasiones sin compensación alguna, y no teniendo el más mínimo interés en la continuidad y viabilidad de dichas empresas, la generación de producto, y el mantenimiento de los puestos de trabajo.

La opacidad para identificar tanto a sus representantes legales como a la ubicación física de su domicilio social, hace prácticamente imposible que asuman las responsabilidades de sus ilícitas conductas, abocando al cierre definitivo de las sociedades en las que han desembarcado, y la consiguiente destrucción de empleo.

La evidente inactividad de los distintos organismos de la Administración Pública para proteger los intereses de ciudadanos españoles que trabajan en el Grupo Codere obliga a este sindicado a denunciarlo ante la Fiscalía Anticorrupción.

El Grupo Codere es una multinacional española dedicada al sector de juego privado que da trabajo a más de 20.000 personas de las cuales más de un millar se ubican en territorio español.

Los señalados fondos de inversión Canyon Capital Finance y GSO Capital Partners, adquirieron la deuda bancaria de Codere a las entidades Credit Suisse, Barclays, BBVA y Houston Casualty Company quienes la cedieron sin la autorización de Codere como era preceptivo. Algunos de estos fondos que compraron la deuda senior, suscribieron también (no sabemos si incluso con anterioridad a la compra de la deuda senior) unos seguros para cubrir cualquier incumplimiento de Codere (los llamados CDS o Credit Default Swaps), tras lo cual, habrían forzado un incumplimiento “artificial” con la intención de cobrar dichos seguros a través de préstamos usurarios. Y es que de confirmarse la contratación del producto conocido como CDS, han podido exigir sin el menor rubor ni limitación condiciones leoninas a CODERE, al tener garantizado el extremo opuesto, es decir, que no se acepten tales condiciones y exigiendo unos intereses y gastos que, según aparece en prensa, empezaron en más del 115 % al principio y derivaron en alrededor del 40% actual. Técnicamente, provocaron así un "impago” artificial para activar los CDS.

Una vez tomada la posición de poder, en este caso mediante la adquisición de deuda de exigibilidad inmediata, y como en otros supuestos que este sindicato ha vivido, los fondos buitres tratan de expoliar de forma ilícita y en perjuicio de los trabajadores y de la propia empresa, los recursos de este Grupo revendiéndolo a trozos, y haciendo desaparecer una empresa viable de más de 30 años de vida, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo.

En conclusión, creemos que, si se confirma la imposición de estas condiciones a los responsables de la compañía, absolutamente perjudiciales para los que viven, dependen y trabajan en ella, dicha aceptación se habrá producido bajo pura y simple extorsión comprometiendo seriamente la existencia del grupo Codere, lo que hace necesario la intervención de la Fiscalía Anticorrupción.

Por tanto, CCOO. se suma a la denuncia planteada por UGT y solicita de la Fiscalía que determine el ilícito de estos actos y para ello cite a declarar a los ejecutivos de Codere participantes en las negociaciones, y, en este caso en concepto de denunciados, a los representantes legales de los fondos y entidades financieras relacionadas, solicitando además que no se permita la destrucción de ninguna documentación o información relativa a los hechos denunciados y que se faciliten a la Fiscalía los contratos y documentos de trabajo relativos a las condiciones de financiación de la deuda ofrecidos a CODERE S.A.

 

   
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